WUILMAN http://wicart5000.espacioblog.com 2014-03-01T19:37:14Z wuilman castro rosas MINEDU DILATA PAGO DE BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN http://wicart5000.espacioblog.com/post/2014/03/01/minedu-dilata-pago-bonificaci-n-especial-preparaci-n-de 2014-03-01T19:37:14Z WUILMAN   RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0019-2013-ED LIMA, 27 FEB 2013 VISTOS: los Expedientes Nº 188065-2012, 006152-2013 y 00836... <p> </p> <p align="center"><strong>RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0019-2013-ED</strong></p> <p align="center"><strong>LIMA, 27 FEB 2013</strong></p> <p><strong>VISTOS:</strong> los Expedientes Nº 188065-2012, 006152-2013 y 008365-2013 y el Informe Nº 135-2013-MINEDU/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica;</p> <p><strong>CONSIDERANDO:</strong></p> <p>Que, en aplicación del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, mediante el cual se establece en forma transitoria las normas reglamentarias orientadas a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del estado, en el marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y Bonificaciones, las Unidades de Gestión Educativa Local, pertenecientes a la jurisdicción de la Dirección Regional de Lima Metropolitana, han venido declarando improcedentes las solicitudes de docentes sobre pago del 30% de la remuneración total correspondiente a la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación;</p> <p>Que, al respecto, el Tribunal del Servicio Civil ha declarado fundados los recursos de apelación presentados por los docentes, según relación detallada en el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución, disponiendo que se realice el cálculo de la mencionada bonificación especial mensual sobre el 30% de la remuneración total que perciben los recurrentes y se proceda al abono del íntegro que les corresponde;</p> <p>Que, el argumento expuesto por el mencionado Tribunal, está referido al principio de especialidad, entendido como "la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad", en razón del cual debe preferirse la norma contenida en el Art. 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado;</p> <p>(...)</p> <p>Que, a su vez, el Art. 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM establece que las bonificaciones, beneficios y demás conceptos remunerativos que perciben los funcionarios, directivos y servidores otorgado en base al sueldo, remuneración o ingreso total serán calculados en función a la Remuneración Total Permanente, salvo las excepciones expresamente señaladas;</p> <p>Que, asimismo, el Art. 10º del mencionado dispositivo precisa que lo dispuesto en el Art. 48º de la Ley del Profesorado se aplica sobre la Remuneración Total Permanente;</p> <p>(...)</p> <p>Que, el Tribunal del Servicio Civil, al haber emitido resoluciones administrativas (...) declarando fundados los recursos de apelación y disponiendo que las Unidades de Gestión Educativa Local realicen el cálculo de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación sobre el 30% de la remuneración total que perciben los recurrentes y proceda al abono del íntegro que les corresponde, ha infringido lo establecido en el Art. 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, lo cual constituye un agravio a la legalidad administrativa vigente y causa su nulidad de pleno derecho;</p> <p>(...)</p> <p><strong>SE RESUELVE:</strong></p> <p><strong>Artículo 1.-</strong> Declarar que las resoluciones emitidas por el Tribunal del Servicio Civil, detalladas en el Anexo de la presente Resolución Ministerial, han sido emitidas en agravio a la legalidad administrativa vigente y al interés público, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.</p> <p><strong>Artículo 2.-</strong> Remitir copia de la presente Resolución a la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación, a fin que disponga las acciones que considere convenientes para efectos de iniciar la demanda contenciosa administrativa y se declare la nulidad de las resoluciones detalladas en el Anexo de la presente Resolución.</p> <p><strong>Regístrese y comuníquese.</strong></p> <p align="center"><strong>PATRICIA SALAS O`BRIEN</strong></p> <p align="center"><strong>MINISTRA DE EDUCACIÓN</strong></p> <p class="aleft"> </p> <p><strong>23º JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE LIMA</strong></p> <p><strong>EXPEDIENTE: 26795-2013-0-1801-JR-LA-72</strong></p> <p><strong>MATERIA: NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO</strong></p> <p><strong>ESPECIALISTA: SANTA CRUZ VILCA FERNANDO</strong></p> <p><strong>DEMANDADO: TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL</strong></p> <p><strong>                            PROCURADURÍA DE LA PCM</strong></p> <p><strong>                            SOLIS SOLIS ARMANDO EZEQUIEL</strong></p> <p><strong>DEMANDANTE: MINSTERIO DE EDUCACIÓN</strong></p> <p><strong>RESOLUCIÓN Nº  UNO.-</strong></p> <p>Lima, once de noviembre del año dos mil trece.-</p> <p><strong>DADO CUENTA</strong>, en la fecha el escrito de demanda por las recargadas labores del Juzgado; con las instrumentales anexadas; al principal y tercer otrosi digo; y,</p> <p><strong>ATENDIENDO:</strong></p> <p><strong>PRIMERO:</strong> Que, conforme lo dispone el Art. 148º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Art. 1º de la Ley 27584 que regula el Proceso Contencioso Administrativo, la acción contenciosa administrativa tiene por finalidad materializar el control jurídico por parte del Poder Judicial respecto de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la tutela efectiva de los derechos e intereses de los administrados.</p> <p><strong>SEGUNDO:</strong> Que, la demanda reúne los requisitos de admisibilidad y procedencia previsto en los  Art. 424º y 425º del Código procesal Civil, aplicable en forma supletoria a los procesos contenciosos administrativos en virtud de la Primera Disposición Final de la Ley 27584, además cumple con el requisito especial de admisibilidad señalado en el inciso 1 del Art. 20º de la Ley glosada.</p> <p>(...)</p> <p><strong>SE RESUELVE:</strong></p> <p>1.- <strong>ADMÍTASE A TRÁMITE</strong> la demanda interpuesta por el <strong>MINISTERIO DE EDUCACIÓN </strong>contra el <strong>TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL</strong> y don <strong>ARMANDO EZEQUIEL SOLIS SOLIS</strong>, sobre <strong>NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA</strong>, en la vía del procedimiento especial, confiérase traslado de la acción al Procurador Público de la emplazada y co-demandado, por el plazo de diez días a fin de que contesten la demanda, con conocimiento de la institución demandada; téngase por ofrecidos los medios probatorios que se señalan, que serán merituados en la etapa respectiva.</p> <p>(...)</p> <p>Al segundo otrosi digo: téngase por delegada las facultades generales de representación que se afectua a favor de los letrados mencionados.</p> <p> </p> <p align="center"><strong>ANGEL SANTA CRUZ VILCA</strong></p> <p align="center"><strong>ESPECIALISTA LEGAL</strong></p> <p align="center"><strong>23º JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE</strong></p> <p align="center"><strong>CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA</strong></p> <p class="aleft"><strong>  </strong></p> <p><strong>EXPEDIENTE Nº 00404-2013-0-3001-SP-CI-01</strong></p> <p><strong>SECRETARIO: SALAS ORTEGA</strong></p> <p><strong>CUADERNO. PRINCIPAL</strong></p> <p><strong>SUMILLA: INTERPONGO RECURSO DE CASACIÓN</strong></p> <p><strong>SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA ESPECIALIZADA EN LO CIVIL DE LIMA SUR</strong></p> <p><strong>MARIA DEL CARMEN MARQUEZ RAMIREZ</strong>, identificada con DNI Nº 07973786, Procuradora Pública Adjunta a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Educación, designado mediante Resolución Suprema Nº 136-2012-JUS, en los seguidos por <strong>LINDA VERÓNICA CASTAÑEDA FLORES</strong> contra el <strong>MINISTERIO DE EDUCACIÓN</strong> sobre <strong>PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO</strong>,  a usted responsablemente me presento y digo:</p> <p>De conformidad con lo dispuesto en el Art. 47º de la Constitución Política del Estado concordante con los Art.  2º, 5º y 22.8º del Decreto Legislativo Nº 1068, <strong>ME APERSONO</strong> al presente proceso, reiterando el domicilio real en de esta Procuraduría Pública en Jr. Sánchez Cerro Nº 2150, distrito de Jesús María y procesal en Casilla Judicial Nº 989 de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, lugar donde se me deberán hacer llegar todas las notificaciones que recaigan en el presente proceso, para los fines de ley.</p> <p>Asimismo, habiendo sido notificado de la Sentencia de Vista el día 16 de enero del 2014, y con arreglo a lo previsto en el Art. 387º Inciso 1 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los autos, interpongo <strong>RECURSO DE CASACIÓN </strong>contra la Sentencia de Vista, contenida en la Resolución Nº 03 de fecha 27-11-2013, expedida por la presente Sala Superior, con la finalidad de que sea anulada íntegramente por el Superior Jerárquico y proceda éste además a resolver de manera indicada en el numeral 4 del Art. 396º del Código Adjetivo; en mérito a las consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer:</p> <p>(...)</p> <p>Es decir, si observamos lo resuelto por la Autoridad de SERVIR (Resolución Nº 2536-2010-SERVIR/TSC-Primera Sala) encontramos que se ampara en lo señalado en el Art. 48º de la Ley Nº 24029 -Ley del Profesorado - modificado por Ley Nº 25212 y en el Art. 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED, dejando de lado lo establecido por el Art. 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, norma que tiene rango y fuerza de ley, que además expresa que tipo de remuneración es la que se debe tener en cuenta para realizar el cálculo de la bonificación por preparación de clases (...)</p> <p>De lo señalado, se puede advertir que una de las normas indicadas (Ley del Profesorado) establece la bonificación por preparación de clases, mientras que la segunda el Art. 10º del D.S. Nº 051-91-PCM precisa cómo debe ser calculada, por ende,<strong><span style="text-decoration: underline;"> debe tenerse en cuenta que para el cálculo de dicha bonificación, la norma aplicable no es la Ley del Profesorado, sino el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, la misma que no ha sido revisada por la Sala Civil de Lima Sur, y que sólo se ha pronunciado sobre si el acto administrativo es firme o no, sin realizar un debido análisis, referido a la aplicación correcta sobre la forma del cálculo de la bonificación antes descrita, la cual debe efectuarse en base a la remuneración total permanente y no en base a la remuneración total.</span></strong></p> <p>(...)</p> <p>Estando a la luz de lo expuesto se evidencia la infracción que tanto la Sala como el Tribunal del Servicio Civil ha realizado, pues si bien la sentencia de vista sólo basa sus argumentos en que lo emitido por SERVIR no ha sido impugnado, (...)</p> <p>(...)</p> <p>La Resolución de Vista materia de casación, al incurrir en infracción normativa que incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, me causa agravio al afectar mi derecho constitucional al  Debido Proceso y a la Tutela Procesal Efectiva, porque la Sala Superior omitió pronunciarse respecto a la vigencia del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, lo cual evidencia una falta de motivación sobre la resolución recurrida.</p> <p>(...)</p> <p><strong>PRIMER OTROSI DIGO:</strong> Que, delego facultades de representación en virtud a lo dispuesto en el Art. 22.8º del Decreto Legislativo Nº 1068, a los letrados: <strong>PATRICIA VALENZUELA ALEJO, CHRIS OMAR RICAPA ASTORAYME, HEIDY GIULIANAN SALAVDOR ESPINOZA, VERÓNICA TRUJILLO GASTELLO y BERTHA ORTEGA BOCANEGRA</strong>, a fin de que individual e indistintamente me representen (...)</p> <p>Lima, 23 de Enero del 2014</p> <p> </p> <p align="center"><strong>MARIA DEL CARMEN MARQUEZ RAMIREZ</strong></p> <p align="center"><strong>PROCURADORA PÚBLICA ADJUNTA</strong></p> <p align="center"><strong>MINISTERIO DE EDUCACIÓN</strong></p> <p align="center"><strong>CAL Nº 32614</strong></p> <p class="aleft"> </p> <p class="large"><span style="color: #cc66cc;"><strong>MINEDU OBSTACULIZA Y DILATA EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ESPECIAL MENSUAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN EQUIVALENTE AL 30% DE LA REMUNERACIÓN TOTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 48º DE LA LEY DEL PROFESORADO, LEY Nº 24029 Y SU MODIFICATORIA LEY Nº 25212, CONCORDANTE CON EL ART. 210º DE SU REGLAMENTO CONTENIDO EN EL DECRETO SUPREMO Nº 019-90-ED.</strong></span></p> <p class="large"><span style="color: #cc66cc;"><strong>COMO ES OBSERVARSE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0019-2013 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2013, SE ORDENÓ QUE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DESARROLLE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DECLARAR LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE SERVIR QUE DECLARARON FUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN DE MILES DE MAESTROS SOBRE EL PAGO DE DICHA BONIFICACIÓN.</strong></span></p> <p class="large"><span style="color: #cc66cc;"><strong>DE ESTA FORMA, EL MINEDU SÓLO PRETENDE ENTRAMPAR Y OBSTRUIR LA EJECUCIÓN DE CÁLCULO Y PAGO DE DICHA BONIFICACIÓN (LIQUIDACIÓN DE DEVENGADOS E INTERESES LEGALES), DE ALLÍ QUE LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SE RESISTEN A EMITIR LAS RESPECTIVAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE PAGO.</strong></span></p> <p class="large"><span style="color: #cc66cc;"><strong>PARA EVITAR LA EJECUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y PAGO, LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DESARROLLA DOS ACCIONES LEGALES EN ABIERTA OPOSICIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR SERVIR:</strong></span></p> <ul> <li class="large"><span style="color: #cc66cc;"><strong>1. ACCIONES CONTENCIOSAS ADMINISTRATIVAS CONTRA LOS DOCENTES QUE HAN OBTENIDO EL RECONOCIMIENTO DE SU DERECHO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SERVIR, CON EL PROPÓSITO QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE DICHA RESOLUCIÓN.</strong></span></li> <li class="large"><span style="color: #cc66cc;"><strong>2. RECURSOS DE CASACIÓN CONTRA LOS DOCENTES QUE HAN OBTENIDO EN DOS INSTANCIAS SENTENCIAS JUDICIALES QUE DECLARA FUNDADO LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE SERVIR, CON EL PROPÓSITO QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE DICHAS SENTENCIAS JUDICIALES.</strong></span></li> </ul> <p class="large"><span style="color: #cc66cc;"><strong>RESULTA CONTRADICTORIO QUE, MIENTRAS EN PROVINCIAS, LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SE HAN ALLANADO EN TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES RECONOCIENDO EL DERECHO QUE LE ASISTE AL MAGISTERIO NACIONAL, SIENDO QUE SE VIENEN EMITIENDO LAS RESPECTIVAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS CON SUS RESPECTIVAS LIQUIDACIONES QUE CON RETROACTIVIDAD AL AÑO 1991 SOBREPASAN LOS S/. 50,000.00 POR CADA MAESTRO; SIN EMBARGO EN LIMA, SE EXPRESA RENUENCIA Y DESACATO A MANDATOS ADMINISTRATIVOS (RESOLUCIONES DE SERVIR) Y JUDICIALES (SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA).</strong></span></p> <p class="large"><span style="color: #cc66cc;"><strong>TAMBIÉN RESULTA CONTRADICTORIO QUE EL MINEDU, POR UN LADO, AVALE UN INFORME TÉCNICO DE SERVIR PARA JUSTIFICAR LA REDUCCIÓN DE LAS ASIGNACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS AL MAGISTERIO NACIONAL(VÉASE ARTÍCULO ANTERIOR PUBLICADO POR ESTE SERVIDOR) Y, POR OTRO LADO, RECHACE LOS INFORMES DE SERVIR CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN.</strong></span></p> <p class="large"><span style="color: #cc66cc;"><strong>REFERENTE A LA OBSTACULIZACIÓN Y DILACIÓN DE LOS PROCESOS DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EN LAS INTERVENCIONES DEL PROCURADOR PÚBLICO ANTE SERVIR, TODOS LOS RECURSOS DE NULIDAD SOLICITADOS HAN SIDO DECLARADOS IMPROCEDENTES (VÉASE EN EL PORTAL DE SERVIR: SE DECLARA IMPROCEDENTE RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO POR PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN).</strong></span></p> <p class="large"><span style="color: #cc66cc;"><strong>ES MÁS, EL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL (SERVIR) HA SEÑALADO QUE LA CONDUCTA DEL PROCURADOR PÚBLICO "HA TENIDO LA INTENCIÓN DE DILATAR INDEBIDAMENTE LA EJECUCIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO EMITIDO POR ESTA TRIBUNAL", DEBIENDO APERTURARSE "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO" POR INCURRIR EN INCONDUCTA PROCEDIMENTAL.</strong></span></p> <p class="large"><span style="color: #cc66cc;"><strong>FINALMENTE, FRENTE AL CASO DE ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEBE DEDUCIRSE EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD Y FRENTE AL RECURSO DE CASACIÓN DEBE ARGUMENTARSE LO RESUELTO EN LA SENTENCIA DE VISTA. EN EL PRIMER CASO, EL JUEZ DECLARARÁ IMPROCEDENTE LA DEMANDA, Y EN LA SEGUNDA, LA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DECLARARÁ INFUNDADO, NO CASARON; CONFIRMÁNDOSE EN AMBOS CASOS EL LEGÍTIMO DERECHO ALCANZADO POR EL MAGISTERIO NACIONAL.</strong></span></p> <p><span style="color: #3366ff;"><strong>MAYOR  INFORMACIÓN GRATUITA</strong></span></p> <p><span style="color: #3366ff;"><strong>DR. WUILMAN CASTRO</strong></span></p> <p><span style="color: #3366ff;"><strong>CELULAR CLARO 992422446</strong></span></p> <p><span style="color: #3366ff;"><strong>CELULAR MOVISTAR 964941975</strong></span></p> <p><span style="color: #3366ff;"><strong>RPC 992422446</strong></span></p> <p><span style="color: #3366ff;"><strong>RPM #964941975</strong></span></p> MINEDU REDUCE ASIGNACIÓN ECONÓMICA POR AÑOS DE SERVICIO Y SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO http://wicart5000.espacioblog.com/post/2014/02/11/minedu-reduce-asignaci-n-econ-mica-a-os-servicio-y 2014-02-11T04:41:22Z WUILMAN   RESOLUCIÓN DIRECTORAL  Nº 07027-2013-UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 11 de diciembre del 2013. VISTOS: El Expedient... <p class="large"><strong><span style="color: #6633ff;"> </p> <p align="center"><strong><span style="color: #330000;">RESOLUCIÓN DIRECTORAL  Nº 07027-2013-UGEL 05</span></strong></p> <p><span style="color: #330000;">San Juan de Lurigancho, 11 de diciembre del 2013.</span></p> <p><span style="color: #330000;">VISTOS:</span></p> <p><span style="color: #330000;">El Expediente Nº 32996 del año 2013 y el Informe Técnico Nº 725-2013-OE-EPER-AGA-UGEL Nº 05-SJL-EA con seis (06) folios.</span></p> <p><span style="color: #330000;">CONSIDERANDO:</span></p> <p><span style="color: #330000;">(...)</span></p> <p><span style="color: #330000;">Que, mediante Informe Legal Nº 524-2012-SERVIR/GPGSC, se aclaran los conceptos remunerativos que deben ser base de cálculo para los beneficios de la Ley del Profesorado, precisándose que "los conceptos remunerativos de pago pertenecientes a la Ley del Profesorado deben cumplir algunas condiciones señaladas en el informe. El análisis de 39 conceptos de pago identifica a 12 conceptos de pago como base de cálculo para los beneficios regulados en dicho régimen".</span></p> <p><span style="color: #330000;">(...)</span></p> <p><span style="color: #330000;">SE RESUELVE:</span></p> <p><span style="color: #330000;">ARTÍCULO 1.- RECONOCER EN VIA DE REGULARIZACIÓN LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA según disponibilidad presupuestal cumplir 30 años de servicios al personal que a continuación se indica:</span></p> <p><strong><span style="color: #330000;">Apellidos y Nombres                                                         Años                         Vigencia</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #330000;">DIAZ FLORES RICARDO                                                        30                             19/04/2012</span></strong></p> <p><span style="color: #330000;">Equivalente a 03 Remuneraciones, según Informe Legal Nº 524-2012-SERVIR/GPGSC</span></p> <p class="large"> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="414" valign="top"> <p><strong><span style="color: #330000;">Asignación Económica</span></strong></p> </td> <td width="163" valign="top"> <p align="center"><strong><span style="color: #330000;">Monto</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="414" valign="top"> <p><span style="color: #330000;">Remuneración</span></p> </td> <td width="163" valign="top"> <p align="center"><span style="color: #330000;">S/. 133.59</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="414" valign="top"> <p><strong><span style="color: #330000;">TOTAL A PERCIBIR</span></strong></p> </td> <td width="163" valign="top"> <p align="center"><strong><span style="color: #330000;">S/. 400.77</span></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> </p> <p><span style="color: #330000;">(...)</span></p> <p><span style="color: #330000;">Regístrese y comuníquese.</span></p> <p align="center"><strong><span style="color: #330000;">LIC. ROQUE BLAS DEL VILLAR GALVEZ</span></strong></p> <p align="center"><span style="color: #330000;">Director de Programa Sectorial II</span></p> <p align="center"><span style="color: #330000;">Unidad de gestión Educativa Local Nº 05</span></p> <p align="center"><span style="color: #330000;">San Juan de Lurigancho-El Agustino</span></p> <p align="center"> </p> <p></span></strong></p> <p class="large"><strong></strong></p> <p class="large"><strong></strong></p> <p class="large"><strong></strong></p> <p class="large"><strong><span style="color: #6633ff;">NUEVAMENTE EL MINEDU REEDITA LA REDUCCIÓN DEL PAGO DE LAS ASIGNACIONES ECONÓMICAS POR CUMPLIMIENTO DE AÑOS DE SERVICIOS AL MAGISTERIO NACIONAL Y SERVIDORES ADMINISTRATIVOS.</span></strong></p> <p class="large"><strong><span style="color: #6633ff;">PESE A QUE LA LEY DEL PROFESORADO ESTABLECÍA EL CÁLCULO DE LA REMUNERACIÓN TOTAL O ÍNTEGRA, EL MINEDU APLICABA UNA NORMA DE INFERIOR JERARQUÍA COMO ES EL D.S. Nº 005-91-PCM QUE ESTABLECÍA EL CÁLCULO DE LOS BENEFECIOS ECONÓMICOS EN BASE A LA DENOMINADA REMUNERACIÓN TOTAL PERMANENTE QUE EN LA PRÁCTICA SIGNIFICABA LA REDUCCIÓN DE BENEFICIOS, OBLIGANDO A LOS MAESTROS A SEGUIR EL CAMINO DE LA JUDICIALIZACIÓN.</span></strong></p> <p class="large"><strong><span style="color: #6633ff;">EFECTIVAMENTE, MILES DE MAESTROS, PRINCIPALMENTE DE PROVINCIAS GENERARON  JURISPRUDENCIA LLEGANDO HASTA LA INSTANCIA DEL  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, QUEDANDO CLARAMENTE ESTABLECIDO EN REITERADA Y UNIFORME JURISPRUDENCIA QUE PARA EL CÁLCULO DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS NO ERA APLICABLE LA DENOMINADA  REMUNERACIÓN TOTAL PERMANENTE SINO LA REMUNERACIÓN TOTAL O ÍNTEGRA QUE CORRESPONDÍA DE ACUERDO A LEY.</span></strong></p> <p class="large"><strong><span style="color: #6633ff;">EN LIMA, AL INSTALARSE EL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL  COMO SEGUNDA Y ÚLTIMA INSTANCIA EN LO ADMINISTRATIVO, ANTE MILES DE APELACIONES EN MATERIA DE RETRIBUCIONES ECONÓMICAS SE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN DE LA SALA PLENA Nº 01-2011-SERVIR/TSC PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO"  EN FECHA 18 DE JUNIO DEL 2011 DETERMINANDO EL PAGO DE LAS ASIGNACIONES ECONÓMICAS POR CUMPLIMIENTO DE AÑOS DE SERVICIOS EN BASE A LA REMUNERACIÓN TOTAL O ÍNTEGRA, CONSTITUYÉNDOSE , COMO EL PROPIO TSC LO HA SEÑALADO EN SU CONTENIDO, EN PRECEDENTE ADMINISTRATIVO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO .</span></strong></p> <p class="large"><strong><span style="color: #6633ff;">EL MINEDU, EN FORMA CONCORDANTE, EMITIÓ EL OFICIO MÚLTIPLE Nº 0036-2011-ME/SG-OGA-UPER DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2011 ORDENANDO A TODAS LAS INSTANCIAS  DEL SISTEMA EDUCATIVO A EFECTUAR EL PAGO DE DICHO BENEFICIO A MAESTROS Y ADMINISTRATIVOS SOBRE LA BASE DE LA REMUNERACIÓN TOTAL (VÉASE ARTÍCULO PUBLICADO POR ESTE SERVIDOR EN FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2011).</span></strong></p> <p class="large"><strong><span style="color: #6633ff;"> </span></strong></p> <p class="large"><strong><span style="color: #6633ff;"> <img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5634471724345371170" src="http://4.bp.blogspot.com/-vWKAYcvnk7s/TjGqLjqWqiI/AAAAAAAAED4/_cQ9Kk3S10Y/s400/OFICIO%2BMED%2BSOBRE%2BPAGO%2BDEREMUNERACION%2BPRINCIPAL.jpg" border="0" alt="" /></span></strong></p> <p class="large"><strong><span style="color: #6633ff;"> </span></strong></p> <p class="large"><strong><span style="color: #6633ff;">SIN EMBARGO, AHORA TENEMOS QUE SERVIR HA PUBLICADO EL INFORME LEGAL Nº 524-2012-SERVIR/GPGSC DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2012 DONDE "ANALIZA" LOS CONCEPTOS REMUNERATIVOS CORRESPONDIENTE A DOCENTES DE LA LEY 24029 Y ADMINISTRATIVOS DEL D.L. 276.</span></strong></p> <p class="large"><strong><span style="color: #6633ff;">ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTE INFORME LEGAL NO ES UNA RESOLUCIÓN DE LA SALA PLENA DE SERVIR, NO CONSTITUYE PRECEDENTE VINCULANTE, SIMPLEMENTE ES UNO DE LOS TANTOS INFORMES LEGALES  PUBLICADOS POR SERVIR Y QUE EL MINEDU EN FORMA ILEGAL Y ARBITRARIA UTILIZA PARA JUSTIFICAR LA REDUCCIÓN DE LAS ASIGNACIONES ECONÓMICAS POR AÑOS DE SERVICIOS, SIENDO QUE SE CONTRADICE DE LO ORDENADO EN SU OFICIO MÚLTIPLE Nº 0036-2011-ME/SG-OGA-UPER DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2011, DEL PRECEDENTE ADMINISTRATIVO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN DE LA SALA PLENA Nº 01-2011-SERVIR/TSC PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO"  EN FECHA 18 DE JUNIO DEL 2011, DE LA JURISPRUDENCIA REITERADA Y UNIFORME DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Y PRINCIPALMENTE, DE LO QUE ESTÁ ESTABLECIDO EN EL ART. 52º DE LA LEY DEL PROFESORADO.</span></strong></p> <p class="large"><strong><span style="color: #6633ff;">FRENTE A ESTE ACTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR DEL MINEDU CORRESPONDE INTERPONER RECURSO ADMINISTRATIVO DE APELACIÓN SIENDO QUE NUEVAMENTE SE OBLIGA A LOS MAESTROS Y ADMINISTRATIVOS A JUDICIALIZAR EL PAGO DE DICHO ASIGNACIÓN PARA OBTENER UNA SENTENCIA QUE DECLARE FUNDADA LA DEMANDA SOBRE PAGO DE ASIGNACIÓN ECONÓMICA POR CUMPLIMIENTO DE AÑOS DE SERVICIO SOBRE LA BASE DE LA REMUNERACIÓN TOTAL O ÍNTEGRA.</span></strong></p> <p class="large"><strong><span style="color: #6633ff;">FINALMENTE, TENIENDO PRESENTE QUE A PARTIR DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012 SE ENCUENTRA VIGENTE LA LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, EN LA QUE SE ESTABLECE EL PAGO DE ASIGNACIÓN ECONÓMICA POR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS EQUIVALENTE A 02 RIM, RESPECTIVAMENTE (DOS REMUNERACIONES ÍNTEGRAS MENSUALES), DEBEMOS ACLARAR QUE LA NORMA APLICABLE EN EL PRESENTE CASO ES LA NORMA QUE SE ENCUENTRA VIGENTE AL MOMENTO DE PRODUCIRSE LA EVENTUALIDAD.</span></strong></p> <p class="large"><strong><span style="color: #6633ff;">RECORDEMOS, QUE YA MEDIANTE D.S. 039-2013-EF DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE REDUJO EL SUBSIDIO POR LUTO Y SEPELIO PARA LOS DOCENTES DE LA LEY 29944 QUE FIJA UN MONTO ÚNICO DE S/. 3,000.00 CUANDO LA LEY 24029 LEY DEL PROFESORADO ESTABLECIA CUATRO REMUNERACIONES TOTALES O ÍNTEGRAS ASCENDENTE A S/. 4,800.00</span></strong></p> <p class="large"><strong><span style="color: #6633ff;">A CONTINUACIÓN, PUBLICAMOS MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE APELACIÓN:</span></strong></p> <p><strong>SUMILLA: Interpongo Recurso Administrativo de Apelación contra la  Resolución Directoral UGEL 05 N° 07027 de fecha 11  de  Diciembre del 2013.</strong></p> <p align="center"><strong>SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA Nº 05             SAN JUAN DE LURIGANCHO-EL AGUSTINO</strong></p> <p><strong>RICARDO DIAZ FLORES</strong>, identificado con DNI Nº 07908368, señalando domicilio real en ............................... del distrito de Surquillo y con domicilio procesal en Av. Abancay N° 210 Of. 804 del Cercado de Lima, a Ud. con el debido respeto me presento y digo:</p> <p><strong>•I.      </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">PETITORIO</span></strong><strong>:</strong></p> <p><strong> </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">Que, se proceda a PAGAR EL REINTEGRO DE LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA EQUIVALENTE A TRES REMUNERACIONES TOTALES POR CUMPLIMIENTO DE 30 AÑOS DE SERVICIOS DOCENTES  de conformidad con el Art. 52º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modificado por la Ley N° 25212, concordante con el Art. 213° del Decreto Supremo Nº 019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado.</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Que, asimismo, solicito el pago de los  intereses legales moratorios y compensatorios que se hubiesen generado. </span></strong></p> <p><strong>•II.    </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">FUNDAMENTOS DE HECHO</span></strong><strong>:</strong></p> <p><strong> </strong><strong>PRIMERO: </strong>Que, dentro del término legal y de acuerdo a lo que se contrae en el numeral 207.2 del Artículo 207º y del Artículo 209º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, vengo a interponer Recurso Administrativo de Apelación contra la Resolución<strong> </strong>Directoral UGEL 05 N° 07027 de fecha 11  de  Diciembre del 2013, que RESUELVE reconocer en vía de regularización a favor del recurrente la suma de S/ 400.77 NUEVOS SOLES, por concepto de asignación económica por cumplimiento de 30 años de servicios.</p> <p><strong>SEGUNDO: </strong>Que, la mencionada asignación económica por cumplimiento de 30 años de servicios me fue asignada por la Administración del Ministerio de Educación en base al Informe Legal Nº 524-2012-SERVIR/GPGSC del 21 de diciembre del 2012, lo cual es injusto en mi caso como es de verse en la cuestionada resolución toda vez que se me asignó una irrisoria suma económica, lo que conculca mi derecho y contraviene la Ley de Profesorado.</p> <p><strong>TERCERO: </strong>Que, siendo la Ley del Profesorado de mayor jerarquía sobre el Informe Legal Nº 524-2012-SERVIR/GPGSC del 21 de diciembre del 2012, la aplicación de ésta última infringe el Principio de Legalidad e Interpretación Favorable al Trabajador consagrado en el Art. 26º de la Constitución Política del Estado,  en el extremo que prescribe: En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, y 3. La interpretación de cualquier norma legal debe ser favorable al trabajador en caso de duda insalvable, es decir, el in dubio pro operario.</p> <p> <strong>CUARTO:</strong> Que, para mayor abundamiento, recuérdese las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional sobre cumplimiento de pago de asignaciones económicas por años de servicios y subsidios por luto y gastos de sepelio a favor de los docentes, las mismas que deben ser asignadas en base a la remuneración total, lo que constituye fuente de derecho vinculante para los justiciables.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">En consecuencia, solicito se me reconozca mi derecho a percibir el PAGO DE REINTEGRO de la asignación económica por cumplimiento de 30 años de servicios tomándose como base la remuneración total, que me corresponde por estar de acuerdo a ley.</span></strong></p> <p><strong>•III.   </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">FUNDAMENTOS DE DERECHO</span></strong><strong>:</strong></p> <p><strong> </strong>Amparo mi Recurso de Apelación en los siguientes fundamentos jurídicos:</p> <ul> <li>a) Artículos 207º y 209º y demás concordantes de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444.</li> <li>b) Artículo 52º de la Ley Nº 24029; y su modificatoria, Ley Nº 25212.</li> <li>c) Artículo 213º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED.</li> <li>d) Artículo 26º de la Constitución Política del Estado.</li> </ul> <p><strong>•IV.  </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">MEDIOS PROBATORIOS</span></strong><strong>:</strong></p> <p><strong> </strong>Amparo mi Recurso de Apelación en los siguientes documentos:</p> <ul> <li>1. Copia de DNI del recurrente.</li> <li>2. Copia de Boleta de Pago.</li> <li>3. Copia de Resolución Directoral UGEL 05 N° 07027 de fecha 11 de Diciembre del 2013.</li> <li>4. Constancia de Recepción de Resolución Directoral UGEL 05 N° 07027-2013.</li> </ul> <p> <strong>POR TANTO:</strong></p> <p>Solicito a vuestro Despacho, se tenga por interpuesto el presente Recurso Administrativo de Apelación y se eleve lo actuado al superior en grado, se <strong><span style="text-decoration: underline;">DECLARE FUNDADO</span></strong> en todos sus extremos, y consecuentemente, se revoque la resolución acotada.</p> <p align="right">San Juan de Lurigancho, 26 de Diciembre  del 2013.</p> <p class="large aleft"><span style="color: #cc0000;">MAYOR INFORMACIÓN GRATUITA:</span></p> <p class="large aleft"><span style="color: #cc0000;">DR. WUILMAN CASTRO</span></p> <p class="large aleft"><span style="color: #cc0000;">RPC 992422446</span></p> <p class="large aleft"><span style="color: #cc0000;">RPM #964941975</span></p> </p> BONIFICACIÓN DIFERENCIAL EN BASE AL 30% DE LA REMUNERACIÓN TOTAL PARA SERVIDORES DEL D.L. 276 http://wicart5000.espacioblog.com/post/2013/10/07/bonificaci-n-diferencial-base-al-30-la-remuneraci-n-total 2013-10-07T02:28:10Z WUILMAN LOS SERVIDORES Y ADMINISTRATIVOS QUE LABORAN BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 Y SU REGLAMENTO APROBADO MEDIA... <p class="large"><span style="color: #cc33cc;"><strong>LOS SERVIDORES Y ADMINISTRATIVOS QUE LABORAN BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 Y SU REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO Nº 005-90-PCM TIENEN DERECHO A PERCIBIR LA BONIFICACIÓN DIFERENCIA EQUIVALENTE AL TREINTA POR CIENTO DE SU REMUNERACIÓN TOTAL.</strong></span></p> <p class="large"><span style="color: #cc33cc;"><strong>QUE DEL ANÁLISIS DE LAS NORMAS EN MENCIÓN ES DE APRECIARSE QUE NO SE ENCUENTRA REGULADA LA FORMA DE CÁLCULO DE DICHA BONIFICACIÓN DIFERENCIAL ASIGNADA EN EL RUBRO DE "BON ESP" DE SUS RESPECTIVAS BOLETAS DE PAGO, EMPERO, TENIENDO EN CUENTA QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HA ESTABLECIDO EN REITERADA Y UNIFORME JURISPRUDENCIA QUE EL BENEFICIO LABORAL DEL 30% CORRESPONDE SE CALCULE EN BASE A LA REMUNERACIÓN TOTAL Y NO EN BASE A LA REMUNERACIÓN TOTAL PERMANENTE, COMO ILEGALEMTE, SE VIENE APLICANDO.</strong></span></p> <p class="large"><span style="color: #cc33cc;"><strong>SIENDO QUE ADEMÁS, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HA ESTABLECIDO EL CÁLCULO DE LA REMUNERACIÓN TOTAL PARA LAS ASIGNACIONES POR CUMPLIMIENTO DE AÑOS DE SERVICIOS Y SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO QUE TAMBIÉN ESTÁN CONTEMPLADOS EN LAS NORMAS EN MENCIÓN (ART. 144º Y 145 º DEL D.S. Nº 005-90-PCM), AGREGANDO, QUE ADEMÁS, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA BONIFICACIÓN DIFERENCIAL OTORGADA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE SALUD PÚBLICA QUE LABORAN EN ZONAS RURALES Y URBANAS, CONFORME AL ART. 184º DE LA LEY Nº 25313, SE CALCULA SOBRE LA BASE DE LA REMUNERACIÓN TOTAL. EN CONSECUENCIA, DEBE PRESERVARSE EL SISTEMA ÚNICO DE REMUNERACIONES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR EL D.L. Nº 276 Y SU REGLAMENTO EL D.S. Nº 005-90-PCM.</strong></span></p> <p class="large"><span style="color: #cc0000;"><strong>A CONTINUACIÓN PUBLICAMOS SENTENCIAS JUDICIALES SOBRE PAGO DE BONIFICACIÓN DIFERENCIAL EQUIVALENTE AL 30% DE LA REMUNERACIÓN TOTAL A FAVOR DE SERVIDORES DEL D.L Nº 276:</strong></span></p> <p> </p> <p>         Corte Superior de Justicia de Sullana</p> <p>                                                          Segundo Juzgado Especializado Civil de Sullana</p> <p> </p> <p>EXPEDIENTE          : 00174-2012-0-3101-JR-LA-02</p> <p>MATERIA                 : NULIDAD DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA</p> <p>ESPECIALISTA       : OLIVA CARRASCO KARIU LIZZIEL</p> <p>DEMANDADO         : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SULLANA ,</p> <p>                                   : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA ,</p> <p>                                   : PROCURADURIA PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEMANDANTE     : MORENO HUAYAMA, CRESCENCIO</p> <p><strong>                                     </strong></p> <p><strong>       SENTENCIA </strong></p> <p><strong></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Resolución Número: 5</span></strong></p> <p>Sullana, dieciséis de agosto del dos mil trece,</p> <p><strong> </strong></p> <p><strong>I. <span style="text-decoration: underline;">ANTECEDENTES</span>:</strong></p> <p>1) Que, don Crescencio Moreno Huayama interpone demanda contencioso administrativa con el escrito de demanda de fojas  21 a  24  a efectos de que se declare la nulidad e ineficacia de la Resolución Directoral No 6532 del 6 de diciembre del 2011   y en consecuencia se reconozca su derecho a percibir la Bonificación diferencial en base al 30% de su remuneración total integra en sustitución de la que percibe actualmente , y asimismo se le pague los devengados , más los intereses legales  .</p> <p>2) Que,  mediante resolución número <strong>1</strong> de fojas <strong>26 y 27 </strong> la demanda fue admitida a trámite en la vía del proceso Especial, contestándola  la demandada Procuradora Pública  mediante el escrito que obra de fojas <strong> 49 a 54</strong>. Por resolución número <strong>02</strong> de fojas <strong>55 a 57</strong> se tiene por contestada la demanda  y se declara la rebeldía de la parte demandada Dirección Regional de Educación de Piura asi como la Ugel de Sullana ,se fijan los puntos controvertidos, se admiten los medios probatorios y se prescinde de la realización de la Audiencia de Pruebas, y del expediente administrativo, relacionado con la presente litis, disponiéndose se remitan los autos al Ministerio Público quien por dictamen de fojas  <strong>75 a 80 </strong>y se ordena pasen los autos a Despacho para sentenciar.</p> <p> </p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">II.- ARGUMENTOS DE LAS PARTES </span></strong></p> <p><strong>2.1 Argumentos expuestos por la parte demandante </strong></p> <p>La parte accionante sostiene con fecha 25 de agosto del 2011 y mediante Expediente No 00028350 solicitó a la Ugel de Sullana el pago de la Bonificación diferencial en base a la remuneración total ,  por lo que la Ugel de Sullana mediante oficio número 109-2011-GOB.REG-DREP-UGEL S.A. ADM/PERS devuelve el expediente indicando que no es posible atender su solicitud  y al impugnar dicho oficio se emite Resolución declarando infundada la apelación por Resolución Regional No 6532 del 6 de diciembre del 2011  y que tanto la Ugel de Sullana como la Dirección Regional de Educación de Piura, han vulnerado su derecho a la igualdad.</p> <p><strong>2.2- Argumentos de la parte demandada Procuradora Pública </strong></p> <p>1. Alega la demandada que el artículo 48 de la Ley N° 24029, tiene previsto el otorgamiento de la bonificación por preparación de clases y evaluación, así como la bonificación por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión se hace en base a la remuneración total permanente, definida en el artículo 8 inciso a) del mismo Decreto Supremo, existiendo un supuesto de sucesión normativa y no contradicción entre las normas, no pudiéndose hablar de una aplicación de normas de rango superior, sino de una interpretación sistemática de normas.</p> <p>2. Refiere que el análisis jurisprudencial que invoca el demandante se refiere a bonificación por cumplimiento de años de servicios y subsidio por el fallecimiento y gasto de sepelio y luto, que constituyen contingencias de carácter extraordinario y por única vez, lo que no sucede con la bonificación cuyo pago se demanda, en forma periódica y mensual, no existiendo igualdad de razón, siendo que la Sala Especializada Laboral de Piura viene emitiendo Sentencias de Vista que declaran infundas acciones contenciosas administrativas similares a la presente.</p> <p>3. Precisa que la nueva Ley de la Carrera Magisterial, su Reglamento y el Tribunal Constitucional han ratificado que la bonificación por preparación de clases y evaluación se debe calcular sobre la base de la remuneración permanente. Asimismo, indica que el Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida en el Expediente N° 00016-2008-PI/TC del 17 de junio del 2010 declara infundada la demanda de inconstitucionalidad planteada por el SUTEP contra la Ley N° 29062. Agrega que las denegatorias impugnadas se han emitido dentro del marco legal, sin incurrir en casual alguna de nulidad establecida en el artículo 10 de la Ley N° 27444.</p> <p> </p> <p><strong>III. <span style="text-decoration: underline;">FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN</span>:</strong></p> <p> 1. El proceso contencioso administrativo tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. El Poder Judicial controla así la constitucionalidad y la legalidad de la actuación administrativa, pero también brinda además una efectiva tutela a las situaciones jurídicas de los administrados que pudieran haberse lesionado o que se hallen amenazadas por la actuación administrativa inconstitucional o ilegal.</p> <p>2. Los vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho se encuentran establecidos en el artículo 10° de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General; por lo que siendo así corresponde a este órgano jurisdiccional determinar si las resoluciones administrativas impugnadas se encuentran incursas en alguna de ellas y en consecuencia declarar su nulidad.</p> <p>3. De lo actuado se establece que la parte accionante mediante escrito presentado con fecha <strong>25 de agosto del 2011 </strong>  - Expediente N<strong>° 00028350 </strong>, cuyo cargo obra de folios   <strong>3 y 4</strong>  solicitó al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana, el pago de la Bonificación Diferencial en base al total de su remuneración total  , ante lo cual se emitió el Oficio Múltiple No 109-2011-GOB.REG.P.DREP.UGEL .S.A. ADM/PERS  que obra a fojas 5  que al ser impugnado se emite la Resolución Directoral Regional No 6532 del 6 de diciembre del 2011 declarándose infundada la apelación</p> <p>4. Que, de conformidad con lo establecido en el primer parágrafo del artículo 48 de la Ley 24029, Ley del Profesorado, modificado por la Ley 25212 publicada el 20 de Mayo de 1990, <em><span style="text-decoration: underline;">"El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total"</span></em>; (lo resaltado y subrayado es nuestro); asimismo en el primer parágrafo del artículo 210 del Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado por el Decreto Supremo N° 19-90-ED,<span style="text-decoration: underline;"> se precisa que <em>"El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total".</em></span></p> <p>5. Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 051-91-PCM, publicado el 06 de marzo de 1991, se establece en forma transitoria las normas reglamentarias orientadas a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado en el marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y Bonificaciones de acuerdo a las reales posibilidades fiscales, disponiéndose en su artículo 9 que las Bonificaciones, beneficios y demás conceptos remunerativos que perciben los funcionarios, directivos y servidores otorgado en base al sueldo, remuneración o ingreso total serán calculados en función a la Remuneración Total Permanente, precisando en su artículo 10 que lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el mismo Decreto Supremo.</p> <p>6. Ante este conflicto normativo suscitado entre la Ley N° 24029 y el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, resulta de aplicación la parte pertinente del artículo 51 de la Constitución Política del Perú, conforme al cual la Ley prevalece sobre las normas de menor jerarquía, consagrándose así el Principio de Jerarquía Normativa, en cuyo mérito prevalece la Ley N° 24019, Ley del Profesorado, sobre el Decreto Supremo N° 051-91-PCM que viene a ser una norma reglamentaria, de menor jerarquía que dicha Ley.</p> <p>7. En tal sentido, acorde a lo establecido en el artículo 48 de la Ley del Profesorado, para el cálculo de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, se debe tomar como base de referencia la denominada remuneración total, considerándose que el concepto de remuneración total es uno y su noción no varía según la bonificación que se trate, no haciendo mención alguna el citado artículo 48 al concepto de remuneración total permanente, de la cual  obviamente es diferente.</p> <p>8. A  mayor abundamiento, sobre el particular cabe señalar que también a nivel administrativo la última instancia administrativa viene resolviendo en el mismo sentido recursos impugnatorios contra resoluciones denegatorias de la Bonificación por Preparación de Clases, amparando tales pretensiones. En efecto, el Tribunal del Servicio Civil, a partir del 15 de enero del 2010 como última instancia administrativa en materias establecidas en el artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1023, a través de su Primera y Segunda Sala, viene emitiendo resoluciones que contienen pronunciamientos uniformes y reiterados que declaran fundados los recursos de apelación interpuestos por los administrados contra resoluciones administrativas que deniegan la referida bonificación, disponiendo se <em>realice el cálculo de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación sobre la base del treinta por ciento (30%) de la remuneración total percibida por la señora..."</em>, considerando sobre el particular que <em>"en atención al principio de especialidad, (...) debe preferirse la norma contenida en el artículo 48 de la Ley N° 24029. Lo que determina que para el cálculo de bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el docente perciba y no la remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 9 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Cfr. </em>Resolución N° 1067-2010-SERVIR/TSC-Primera Sala, su fecha 21 de setiembre del 2010, entre otras resoluciones en casos similares, como la Resolución N° 4542-2011-SERVIR/TSC-Segunda Sala de fecha 21 de setiembre del 2011, entre otros.</p> <p>9. En el presente caso, de la <strong>Resolución Directoral N° 000967 </strong>copiada a <strong>folios  15</strong>  se establece que la parte demandante es personal nombrado como de apoyo educativo en el cargo de trabajador de Servicio II( Portero guardián) a partir del 29 de agosto  según así también se corrobora de la boleta de pago que obra a fojas 1<strong>9</strong> ,por lo que  le  corresponde a la parte accionante la Bonificación Diferencial que solicita pero calculada en base a la remuneración total y no en base a la remuneración total permanente como la parte demandada ha venido efectuando, resultando el monto abonado mensualmente sumamente inferior al que realmente les corresponde, tal como se demuestra con las boletas de pago citadas en el fundamento precedente, en cuyo rubro <em>bonesp</em> se aprecia que se les abona una suma inferior que no se condice con el monto al que tienen derecho a percibir por tal Bonificación, infringiéndose sus derechos constitucionales e inobservándose asimismo el Principio de Jerarquía Normativa consagrado en el citado artículo 51 de la Constitución, siendo atendible el reajuste de la Bonificación que se demanda .</p> <p>10. Que, asimismo resulta atendible el extremo de la demanda referido al pago de las bonificaciones que se hubieran devengado, por cuanto el Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en los Expedientes Nº 956-2001-AA/TC y 574-2003-AA/TC, ha expresado que en los casos de restitución de derechos y en los que el pago de la prestación resultara insignificante por equidad, debe aplicarse el criterio expuesto en el artículo 1236º del Código Civil, debiendo pues reintegrarse el monto de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que no se percibieron como efecto de la vulneración, al haberse repuesto el derecho conculcado.</p> <p>11. En relación al pago de los intereses que se demanda, se debe tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, la entidad demandada está obligada al pago de los intereses que genere el retraso en la ejecución de la sentencia, los que, de ser el caso, deberán ser liquidados con el carácter de intereses legales, y en base a la tasa fijada por el Banco Central de Reserva del Perú, de conformidad con lo establecido en los artículos 1244 y 1246 del Código Civil.</p> <p>12. Finalmente, no resulta procedente el pago de costas y costos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, conforme al cual las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y costas.</p> <p> </p> <p><strong>IV. <span style="text-decoration: underline;">DECISIÓN</span>: </strong></p> <p><strong>DECLARAR FUNDADA</strong> la demanda interpuesta por don Crescencio Moreno Huayama contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana   en consecuencia:</p> <p><strong>a</strong>) <strong>NULA</strong> y sin efecto legal alguno la  Resolución Directoral  Denegatoria Ficta que en aplicación del Silencio Administrativo Negativo deniega su solicitud contenida en el Expediente N<strong>° 14692-2010</strong> del 29 de marzo del 2010. </p> <p><strong>b)</strong> <strong>NULA</strong> y sin efecto legal alguno la Resolución Directoral Regional  Denegatoria ficta que en aplicación del Silencio Administrativo Negativo deniega su recurso de apelación contra la Resolución denegatoria Ficta contenida en el Expediente <strong>N° 31035-2010</strong>  de fecha 14 de agosto del 2010.</p> <p><strong>c)</strong> <strong>ORDENESE </strong>a la parte demandada para que  emitan nueva resolución  reajustando la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación , más el reintegro de las remuneraciones devengadas tomando como base del cálculo la Remuneración Total  y asimismo procédase al  pago de los intereses legales    sin costos ni costas del proceso .</p> <p>d) <strong>Consentida o ejecutoriada</strong> y cumplida que sea la presente resolución: ARCHIVESE los de la materia en el modo y forma de Ley.-</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>EXPEDIENTE            : 2008-01846-0-0401-JR-CI-6</strong></p> <p><strong>ESPECIALISTA          : LUNA URQUIZO ERIKA JULIETH</strong></p> <p><strong>DEMANDADO         : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA</strong></p> <p><strong>                                     PROCURADOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA</strong></p> <p><strong>                                     UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA SUR</strong></p> <p><strong>DEMANDANTE        : DE LA GALA HUAMANTUMA JULIO CESAR</strong></p> <p><strong>MATERIA                  : ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA</strong></p> <p><strong>RESOLUCIÓN           : 13-2009</strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">SENTENCIA Nº 22-20009</span></strong></p> <p>Arequipa dos mil nueve</p> <p>Enero veintidós.-</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">VISTOS: </span></strong>La demanda que obra a fojas cuarenta y cinco y siguientes, subsanada a fojas cincuenta y tres, interpuesto por <strong>JULIO CESAR DE LA GALA HUAMANTUMA, </strong>sobre Acción Contenciosa Administrativa, en contra de la <strong>UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA SUR,</strong> con emplazamiento del Procurador Público encargado de los Asuntos Judiciales del Gobierno Regional de Arequipa.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">PETITORIO: </span></strong>Se disponga que la entidad demandada cumpla con emitir Resolución Directoral mediante la cual se le otorgue la bonificación diferencial en base al 30% de la remuneración total íntegra en sustitución de la que percibe actualmente calculada sobre la base de la remuneración total permanente, con retroactividad al mes de julio de mil novecientos noventa y cinco.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA PRETENSIÓN: </span></strong>Señala el recurrente que desde el mes de julio de mil novecientos noventa y cinco a la actualidad viene laborando para la administración pública en el cargo de Personal de Servicio III. Que actualmente viene percibiendo la bonificación diferencial en base al treinta por ciento de la remuneración total permanente cuando la bonificación diferencial debe calcularse en base al treinta por ciento de su remuneración total íntegra. Que con fecha cinco de febrero del dos mil ocho ha solicitado mediante Expediente Nº 003037 el pago de dicha bonificación a la mesa de partes de la<strong> </strong>Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, y que a la fecha de interposición de la demanda han transcurrido más de quince días hábiles sin respuesta alguna.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA PRETENSIÓN: </span></strong>Se ampara por lo dispuesto en el artículo 53 inciso b) del Decreto Legislativo Nº 276, el artículo 23 y 26 de la Constitución Política del Estado, el artículo 184 de la Ley Nº 25303.</p> <p><strong>Actividad jurisdiccional: </strong>Mediante resolución número dos, a fojas cincuenta y cuatro, se admite la demanda interpuesta, corriéndose traslado a la parte demandada; asimismo, se integra en calidad de Litisconsorte Necesario Pasivo al Gobierno Regional de Arequipa.</p> <p>A fojas cuarenta y tres se apersona al proceso la <strong>UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA SUR </strong>representada por su apoderada Ivette Luz Herrera Villanueva, quien procede a contestar la demanda, bajo los siguientes términos:</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA CONTESTACIÓN: </span></strong>Señala que en cuanto a la bonificación a que hace referencia el demandante ésta es calculada en base a la remuneración total permanente por ser una bonificación permanente que se viene aplicando mes a mes conjuntamente con su remuneración, a diferencia del subsidio por gastos de luto y sepelio que son calculados en base a la remuneración total íntegra, ello debido a que son bonificaciones ocasionales. Que al respecto, cabe señalar que el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio Circular Nº 004-2003-EF/7610 da a conocer que la Dirección Nacional de Presupuesto Público sólo procederá a autorizar los calendarios de compromisos tomando en consideración lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, es decir, sólo se procederá al pago, lo otorgado en base a la remuneración total permanente, y no lo que se haya otorgado en base a la remuneración total íntegra, como es el caso de la resolución materia de litis. Que como es de verse, su representada no es que no quiera hacer el pago que corresponde al demandante sino que como se ha señalado en los puntos precedentes no cuenta con disponibilidad presupuestaria toda vez que el Pliego Presupuestario y el Ministerio de Economía y Finanzas no le asignan las partidas correspondientes a fin de atender los requerimientos realizados.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA CONTESTACIÓN: </span></strong>Ampara su pretensión en lo establecido en la Ley Nº 24029 y su modificatoria Ley Nº 25212, Ley del Profesorado, el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.</p> <p><strong>Actividad jurisdiccional:</strong> Mediante resolución tres, a fojas ochenta y seis, se resuelve tener por contestada la demanda en los términos que se precisa.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">SANEAMIENTO: </span></strong>Mediante resolución número seis, expedida en audiencia única de fojas ciento cinco y siguientes, se resolvió declarar la existencia de una relación jurídica procesal válida y por saneado el proceso.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: </span></strong>Se fijaron los siguientes: 1) Determinar si la demanda se encuentra en la obligación legal de cumplir con el pago de la bonificación diferencial en base al treinta por ciento de la remuneración total íntegra dispuesta por el inciso b) del artículo 53 del decreto Legislativo Nº 276 desde julio de mil novecientos noventa y cinco, 2) Determinar si procede disponer el pago de intereses.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS: </span></strong>Se admitieron los medios probatorios del demandante y demandado, procediéndose a su actuación.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">DICTAMEN FISCAL: </span></strong>A fojas ciento diecinueve, la Fiscal Provincial Civil Elena Carolina Delgado Manrique presenta si Dictamen Fiscal. Siendo su estado procede a emitirse sentencia.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Y CONSIDERANDO:</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">PRIMERO: </span></strong>Que el proceso contencioso administrativo tiene como finalidad revisar la legalidad del acto administrativo declarando su validez o invalidez, además de proporcionar efectiva tutela de los derechos e interese de los administrados tal como lo establece el artículo 148 de la Constitución Política del Estado y el artículo 1 de la Ley Nº 27584. En el presente caso se pretende determinar: 1) Si la demandada se encuentra en la obligación legal de cumplir con el pago de la bonificación diferencial en base al treinta por ciento de la remuneración total íntegra dispuesta por el inciso b) del artículo 53 del decreto Legislativo Nº 276 desde julio de mil novecientos noventa y cinco, 2) Determinar si procede disponer el pago de intereses.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">SEGUNDO: </span></strong>Que el artículo 30 de la Ley Nº 27584 establece que salvo disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión, sin embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta. En el caso de autos no estamos frente a una sanción administrativa. Por su parte, el artículo 200 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos, precisa que en caso de los medios probatorios ofrecidos por la parte demandante no probaran los hechos que sustentan su pretensión, la demanda será declarada infundada.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">TERCERO:</span></strong> <strong>Agotamiento de la vía previa.-</strong> Antes de entrar a evaluar el fondo del asunto, se debe dejar anotado que mediante solicitud de fecha cinco de febrero del dos mil ocho, el demandante solicitó a la entidad demandada, el pago de la bonificación diferencial en base a la remuneración total, como se desprende de su solicitud con el respectivo sello de recepción de la entidad demandada (foja tres). Que interpone la presente demanda con fecha trece de marzo del dos mil ocho (conforme cargo de ingreso a foja uno), pues ha transcurrido el plazo establecido por ley y la entidad demandada no se ha pronunciado al respecto.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">CUARTO:</span></strong><strong> Pretensión.-</strong> Que el demandante solicita se le otorgue la bonificación diferencial en base al 30% de la remuneración total íntegra en sustitución de la que percibe actualmente calculada sobre la base de la remuneración total permanente, con retroactividad al mes de julio de mil novecientos noventa y cinco, interpone la presente en vista que ha transcurrido el plazo para que la entidad demandada se pronuncie respecto de su solicitud  de fecha cinco de febrero del dos mil ocho (foja tres), tal como lo establece el artículo 19 inciso 2, concordante con el artículo 5 inciso 4 de la Ley Nº 27584. Ahora bien, mediante Resolución Directoral Nº 1547 de fecha treinta y uno de marzo del dos mil ocho (copia certificada a foja setenta y tres), la entidad demandada ha resuelto declarar improcedente la solicitud presentada por el demandante con fecha cinco de febrero del dos mil ocho. Por  lo que al momento de pronunciarse sobre el fondo del litigio, será necesario emitir  pronunciamiento respecto de la validez de dicha resolución, en vista que ha sido expedida con fecha posterior a la de la interposición de la presente demanda.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">QUINTO: </span></strong>Que mediante la presente acción, la demandante solicita se le otorgue la bonificación diferencial en base al 30% de la remuneración total íntegra en sustitución de la que percibe actualmente calculada sobre la base de la remuneración total permanente. Para lo cual ha probado: 1) Que realiza sus actividades para la entidad demandada, pues de la copia certificada de la Resolución Directoral Nº 3436-UGEL.AS de fecha treinta de noviembre del dos mil cuatro (fojas cuarenta y tres), se resolvió nombrar en vía de regularización a partir del primero de enero del dos mil cuatro al demandante con el cargo de Trabajador de Servicio III. 2) Que ha venido laborando en dicho cargo, en forma ininterrumpida desde el primero de julio de mil novecientos noventa y cinco tal como constan de las copias certificadas de las Resoluciones Directorales obrantes de fojas seis a cuarenta y tres. 3) Que está percibiendo la suma de cuatro nuevos soles con sesenta y cuatro céntimos (S/. 4.64) por concepto de la bonificación diferencial, tal como se aprecia de la copia certificada  de su boleta de pago (foja cinco). Que la entidad demandada ha probado: 1) Que para el mes de marzo del dos mil ocho se le regularizó el pago en el rubro "Diferencial Pensionable" a la cantidad de cuatro nuevos soles con sesenta y cuatro céntimos(S/. 4.64) tal como se desprende de la copia certificada del Informe Nº 177-2008-PLLAS-AGA-UGEL.AS (fojas ochenta y uno) y que dicho monto ha sido calculado en base de la remuneración total permanente por lo que mediante Resolución Directoral Nº 1547 (fojas setenta y tres) se ha declarado improcedente la solicitud del demandante.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">SEXTO: </span></strong><strong>Determinación de la controversia.- </strong>Que según los hechos expuestos en la demanda y la contestación realizada por la parte demandada, en este proceso no está en discusión si a la demandante le corresponde  o no la bonificación diferencial, este extremo es aceptado por la demandada, aún más, le viene pagando la citada bonificación como aparece de las boletas de pago de fojas cinco, lo único que se encuentra en discusión es la forma de cálculo, es decir, si la bonificación diferencial que en la fecha se le viene otorgando al demandante, debe calcularse en base a la remuneración total o en base a la remuneración total permanente. Por tanto, será materia de pronunciamiento por parte de este Despacho, únicamente el referido extremo.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">SÉTIMO: </span></strong><strong>Valoración.- </strong>Que el Decreto Legislativo 276 en el inciso b) del artículo 53 establece que la Bonificación Diferencial tiene por objeto compensar a un servidor de carrera por condiciones excepcionales respecto del servicio común. Tal como es de verse de las boletas de pago obrantes a fojas seis la actora viene percibiendo la suma de S/. 4.64 nuevos soles por dicho concepto, habiéndose calculado en base a la remuneración total permanente, conforme a lo señalado por la parte demandada en la contestación de la demanda.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">OCTAVO: </span></strong>Del análisis del Decreto legislativo 276 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo número 051-90-PCM, no se advierte que se haya regulado la forma de cálculo de la citada bonificación, empero teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional con fecha doce de febrero del dos mil siete ha expedido la sentencia en el expediente  7888-2006-AC/TC en la cual ha establecido que el beneficio laboral del 30% establecido por la Ley 25303 corresponde se calcule en base a la remuneración total y no de la remuneración total permanente, tal criterio por su propia naturaleza resulta también aplicable al presente caso por lo que debe ampararse la demanda interpuesta a fin de preservar el sistema único de remuneraciones establecido en las  normas legales citadas en los considerandos precedentes.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">NOVENO: </span></strong>Que además, debe tenerse presente en consideración los reiterados  pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional sobre la aplicación de la "remuneración total" para otros supuestos, en la sentencias recaídas en los expedientes número: 2848-2002-TC, 447-2001-AA/TC, 420-2001-AA/TC y 414-2001-AA/TC sentencias en las cuales se ha valorado que  <em>"el pago de dicha bonificación debe efectuarse sobre la base de remuneraciones íntegras y no de las remuneraciones totales permanentes a que se refiere el decreto Supremo 051-91-PCM; de acuerdo con el numeral 52 de la Ley número 24029 y el numeral 213 del Decreto Supremo número 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), el beneficio reclamado por la demandante se otorga sobre la base de las remuneraciones íntegras al cumplir veinticinco años de servicios, situación que ha sido precisada por el Decreto Supremo 041-2001-ED al señalar que el concepto de remuneración a que se refiere el segundo párrafo del numeral 52 de la Ley 24029 debe ser entendido como remuneración total regulado por el Decreto Supremo 051-91-PCM".</em></p> <p>Asimismo, debe valorarse que en la sentencia recaída en el expediente Nº 03717-2005-PC/TC, el Tribunal Constitucional precisó lo siguiente: <em>"8. En cuanto a la forma de cálculo de la bonificación diferencial permanente conviene precisar que el Decreto Legislativo Nº 276 y el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM no establece cuál es la forma en que se debe calcular dicha bonificación, sin embargo, esta Tribunal considera que para su cálculo se debe utilizar como base de referencia la denominada remuneración total y no la remuneración total permanente, por cuanto esta es utilizada como base de cálculo para los subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio previstos en los artículos 144 y 145 del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. Ello con la finalidad de preservar el sistema único de remuneraciones establecido por el  Decreto Legislativo Nº 276 y el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM". </em>Agregando en el fundamento nueve que: <em>"Además debe tenerse en cuenta que la bonificación diferencial otorgada a los funcionarios y servidores de salud pública que laboran en zonas rurales y urbanas, conforme el artículo 184 de la Ley Nº 25303, se calcula sobre la base de la remuneración total, y no sobre la base de la remuneración total permanente. Por tanto, para el sistema único de remuneraciones de los funcionarios y servidores del  Decreto Legislativo Nº 276 y el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, la bonificación diferencial debe ser calculada sobre la base de la remuneración total, por lo que la resolución cuyo cumplimiento se solicita al haberse otorgado al demandante la bonificación diferencial permanente sobre la base de la remuneración total constituye un mandato válido y exigible".</em></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">DÉCIMO: </span></strong>Que además, debe valorarse que el artículo 48 del Decreto Legislativo Nº 276 establece que la remuneración de los servidores contratados será fijada en el respectivo contrato de acuerdo a la especialidad, funciones y tareas específicas que se le asignan, y no conlleva bonificaciones de ningún tipo, ni los beneficios que esta Ley establece. Al respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente Nº 1885-2005-PC/TC ha precisado: <em>"que sólo tiene derecho a percibir la bonificación diferencial aquel servidor de carrera designado para desempeñar un cargo de responsabilidad directiva, no teniendo derecho a percibirla aquellos servidores públicos que hayan sido contratados, puesto que no se encuentran comprendidos en la Carrera Administrativa según lo establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 276; además, debe tenerse en cuenta que la remuneración de los servidores contratados no conlleva bonificaciones de ningún tipo según lo señalado por el artículo 48 del Decreto Legislativo Nº 276". </em>Que, estando a la norma citada, la misma que ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional, la bonificación diferencial sólo corresponde que se pague desde el nombramiento de la parte demandante, es decir, a partir del primero de enero del dos mil cuatro, conforme se aprecia de la Resolución Directoral Nº 03436 corriente a fojas cuarenta y tres.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">DÉCIMO PRIMERO: </span></strong>Respecto al pago de intereses legales, habiéndose establecido en autos que al demandante le corresponde el derecho a percibir la bonificación diferencial sobre la base de cálculo de la remuneración total, resulta procedente el pago de los intereses legales generados por la falta de pago oportuno con el cálculo correspondiente, desde que obtuvo el derecho a percibir tal bonificación, conforme a lo expuesto en el considerando precedente, monto que será calculado en ejecución de sentencia.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">DÉCIMO SEGUNDO: </span></strong>Conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 27854, Ley del Proceso Contencioso Administrativo las partes no podrán ser condenadas al pago de costas y costos.</p> <p>Por estos fundamentos, administrando justicia a nombre de la Nación. <strong>FALLO:</strong> Declarando <strong><span style="text-decoration: underline;">FUNDADA EN PARTE</span></strong> la demanda contenciosa administrativa interpuesta por <strong>JULIO CESAR DE LA GALA HUAMANTUMA, </strong>sobre<strong> </strong>Acción Contenciosa Administrativa en contra de la<strong> UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA SUR,</strong> con emplazamiento del Procurador Público encargado de los Asuntos Judiciales del Gobierno Regional de Arequipa. En consecuencia, declaro <strong>NULA </strong>la Resolución Directoral Nº 1547 y <strong>DISPONGO </strong>que la entidad demanda cumpla con expedir la resolución correspondiente y abonar la bonificación diferencial en base al 30% de la remuneración total íntegra, así como los reintegros correspondientes desde el primero de enero del dos mil cuatro más los intereses legales. <strong>E INFUNDADA</strong> en cuanto pretende  que se le pague a partir del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco. <strong>SIN COSTAS NI COSTOS. DISPONGO:</strong> Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo catorce de la Ley 27584, se notifique con copia de la presente sentencia al Ministerio Público. Esta es la sentencia que pronuncio, mando y firmo en la Sal del Despacho del Segundo Juzgado Especializado Civil Transitorio de Arequipa. Tómese razón y hágase saber.</p> <p> </p> <p><strong><span style="color: #330099;">MAYOR INFORMACIÓN GRATUITA</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #330099;">DR. 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EN EL CASO QUE EL CARGO HAYA DEJADO DE EXISTIR, EL PROFESOR SERÁ REUBICADO COMO PROFESOR DE AULA O POR HORAS, DE ACUERDO A SU FORMACIÓN  INICIAL O ESPECIALIZACIÓN DEBIDAMENTE CERTIFICADA".    </em></span></p> <p class="large"><span style="color: #6633ff;">LO QUE IMPLICA QUE, NO ES NECESARIO SACAR A CONCURSO DICHAS PLAZAS, PUES AL HACERLO TOMA UNA DECISIÓN OPUESTA A LA QUE SEÑALA DICHA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA, ES DECIR, EN VEZ DE SACARLA A CONCURSO, Y CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE UNA PLAZA GANADA MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO, PUEDE ADECUAR DICHA PLAZA AL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, CONFORME PRESCRIBE EL ART. 12º INCISO B) DE LA PROPIA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, LEY 29944.</span></p> <p class="large"><span style="color: #6633ff;">COMO ES EVIDENTE, LA AGRESIÓN ES PLURIOFENSIVA Y LA DEGRADACIÓN DEL MAGISTERIO NACIONAL ES TOTAL, COLISIONANDO CON EL ART. 1º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO QUE ESTABLECE: "LA DEFENSA DE LA PERSONA HUMANA Y EL RESPETO DE SU DIGNIDAD SON EL FIN SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO", MÁS CUANDO LA DIRECTIVA EN CUESTIÓN, INCLUSO, SE APLICA DE MANERA RETROACTIVA LO QUE ESTÁ PROHIBIDO POR EL ART. 103º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.</span></p> <p class="large"><span style="color: #6633ff;">ANTE TAL SITUACIÓN, LOS DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADOS EN SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, VIENEN INTERPONIENDO DEMANDA DE AMPARO Y MEDIDAS CAUTELARES CONTRA LA DIRECTIVA EN CUESTIÓN, SIENDO QUE POR MANDATO JUDICIAL, AL DECLARARSE FUNDADA LA MEDIDA CAUTELAR, SE SUSPENDE TEMPORALMENTE SU APLICACIÓN EN LA PLAZA DEL DEMANDANTE; POR TANTO, POR MANDATO JUDICIAL ESTAS PLAZAS NO PUEDEN SER PUBLICADAS, PUES ELLO EQUIVALE A DEJAR SIN EFECTO SU NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR O SUBDIRECTOR, LO QUE PUEDE SER ENTENDIDO COMO UN DESPIDO SIN CAUSA JUSTA DE SU CENTRO LABORAL.</span></p> <p class="large"><span style="color: #6633ff;">ASIMISMO, LAS JUDICATURAS RECOMIENDAN AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN QUE, LA CONVOCATORIA A UN CONCURSO DEBE HACERSE RESPETANDO LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, Y EN TODO CASO, LIMITANDO DICHO CONCURSO A LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE SE ENCUENTREN VACANTES.</span></p> <p> <span class="large"><span style="color: #cc0000;"><strong>A CONTINUACIÓN PUBLICAMOS MEDIDA CAUTELAR FUNDADA:</strong></span></span></p> <p> </p> <p align="center"><strong>PRIMER JUZGADO CIVIL - MIXTO DE LA PROVINCIA DE JAÉN</strong></p> <p align="center"><strong> </strong></p> <p><strong>EXPEDIENTE CAUTELAR Nº: 202-2013-C-01</strong></p> <p><strong>DEMANDANTE. JOSE ANTONIO DIAZ VASQUEZ</strong></p> <p><strong>DEMANDADO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y OTROS</strong></p> <p><strong>PROCESO: CONSTITUCIONAL DE AMPARO</strong></p> <p><strong>JUEZ: LUCIÉN E. MONTOYA URBINA</strong></p> <p><strong>ESPECIALISTA LEGAL: JAIME BARBOZA TENORIO</strong></p> <p><strong>----------------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></p> <p><strong>RESOLUCIÓN Nº UNO (O1)</strong></p> <p>Jaén, doce de Setiembre</p> <p>Del año dos mil trece.-</p> <p><strong>                                              VISTOS:</strong> el escrito de demanda cautelar interpuesto por José Antonio Díaz Vásquez contra el Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación de Cajamarca y Procurador Público del Gobierno Regional de Cajamarca, donde peticiona que se declare inaplicable a su persona la Directiva número 018-2013-MINEDU/VMGP-DIGEDD que contiene las normas para el Concurso de Acceso a cargos de Director y Subdirector de instituciones públicas de Educación Básica Regular, aprobada mediante Resolución Ministerial número  0262-2013-ED del veintinueve de Mayo del dos mil trece respecto a su plaza de Subdirector que viene desempeñando actualmente en su condición de nombrado en la Institución Educativa "Víctor Raúl Haya de La Torre" de la ciudad de Jaén por amenazar de manera cierta e inminente en poner a concurso público su plaza de Subdirector; debiendo quedar vigente su nombramiento dispuesto en Resolución Directoral de Unidad de Gestión Educativa número 01214-2009/ED-JAÉN del veintinueve de Agosto del dos mil tres.</p> <p>Señala, que el concurso público para el acceso a los cargos de Director y Subdirector de instituciones educativas, actualmente ocupados en calidad de nombrados ha sido una decisión tomada por el Ministerio de Educación mediante Resolución Ministerial número 0262-2013-ED cuyo sustento radica en que de conformidad con los artículos 23, 32 y 35 inciso c) de la ley 29944, Ley de Reforma Magisterial,  los cargos directivos de la institución educativa son cargos a los que se accede por concurso, decisión del Ministerio de Educación que ha ido por encima de la Décima Primera Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial aprobado mediante Decreto Supremo número 004-2013-ED.</p> <p>Considera que se ha cumplido con los presupuestos de verosimilitud del derecho, y peligro en la demora; y <strong><span style="text-decoration: underline;">CONSIDERANDO:</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">PRIMERO.-</span></strong><strong> </strong>Que, el demandante José Antonio Díaz Vásquez, contra el ministerio de Educación, Procurado Público del Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación de Cajamarca y Procurador Público del Gobierno Regional de Cajamarca, <span style="text-decoration: underline;">solicita</span> que se declare inaplicable a su persona, la Directiva número 018-2013-MINEDU/VMGP-DIGEDD que contiene las normas para el Concurso de Acceso a cargos de Director y Subdirector de instituciones públicas de Educación Básica Regular, aprobada mediante Resolución Ministerial número  0262-2013-ED del veintinueve de Mayo del dos mil trece respecto a su plaza de Subdirector que viene desempeñando actualmente en su condición de nombrado en la Institución Educativa "Víctor Raúl Haya de La Torre" de la ciudad de Jaén, por amenazar de manera cierta e inminente en poner a concurso público su plaza de Subdirector; debiendo quedar vigente su nombramiento dispuesto en Resolución Directoral de Unidad de Gestión Educativa número 01214-2009/ED-JAÉN del veintisiete de Agosto del dos mil tres.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">SEGUNDO.-</span></strong><strong> </strong>Que, en efecto, mediante Directiva número 018-2013-MINEDU/VMGP-DIGEDD, el Ministerio de Educación establece las normas para el concurso de Acceso a cargos de Director y Subdirector de instituciones públicas de Educación Básica Regular para el presente año dos mil trece que al referirse a su <span style="text-decoration: underline;">finalidad</span>  consiste en establecer los lineamientos para la organización, implementación y ejecución del concurso para el acceso a los cargos de Director y Subdirector de instituciones públicas de Educación Básica Regular actualmente ocupados en calidad de nombrados o designados. Y entre uno de sus <span style="text-decoration: underline;">objetivos</span> precisa: cubrir plazas orgánicas de directores y subdirectores de instituciones públicas de Educación Básica Regular con profesores comprendidos en la Carrera Pública Magisterial a través de un proceso de selección riguroso y transparente y en igualdad de oportunidades.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">TERCERO.-</span></strong><strong> </strong>Que, el artículo 3 del Código Procesal Constitucional, señala que cuando se invoque la amenaza o violación de actos que tienen como sustento la aplicación de una norma autoaplicativa incompatible con la Constitución, la sentencia que declare fundada la demanda dispondrá, además, la inaplicabilidad de la citada norma. Los jueces se limitarán a declarar la inaplicación de la norma por incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia.</p> <p>Entonces, de acuerdo con el artículo 3 del citado Código, la acción constitucional de amparo procede contra actos basados en normas legales cuya aplicación resulta incompatible con la Constitución. Por lo tanto, siendo que en el presente caso se cuestiona la aplicación de acto administrativo basado en norma legal, resulta procedente su aplicación, puesto que la impugnada, se trata de una disposición normativa que como tal genera derechos y restricciones inmediatas por el sólo hecho de su puesta en vigencia; es decir, que por su simple entrada en vigor, crea, modifica o extingue una situación concreta de derecho o genera una obligación de hacer, de no hacer o de dejar de hacer, vinculando a personas determinadas por las condiciones, circunstancias y posición en que se encuentran, puesto que no está condicionada por la realización de acto alguno.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">CUARTO.-</span></strong><strong> </strong>Que, del mérito de la Resolución Directoral de Unidad de Gestión Educativa número 01214-2009/ED-JAÉN del veintinueve de Agosto del dos mil tres, se tiene que el recurrente José Antonio Díaz Vásquez, fue <strong>NOMBRADO</strong> en el cargo de Subdirector del Colegio SM "Víctor Raúl Haya de La Torre" de Jaén, a partir del diecinueve de Agosto del dos mil tres.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">QUINTO.-</span></strong><strong> </strong>Como queda expresado, de la lectura de la citada Directiva número 018-2013-MINEDU/VMGP-DIGEDD, se aprecia que se está sacando a concurso público las plazas de los Directores y Subdirectores que tengan la calidad de designados, y también <strong>de NOMBRADOS. </strong>En el caso de autos, el demandante es justamente Subdirector nombrado, es decir, ha adquirido un status jurídico laboral permanente-estable en virtud a dicho nombramiento. El nombramiento significa que ha cumplido con todos los requisitos que exigió en su momento la normatividad legal vigente, bajo la cual concursó y accedió al cargo el recurrente. Pues, de conformidad con el literal d) del artículo 35 de la propia Ley 29944 Ley de Reforma Magisterial, los cargos directivos de las instituciones educativas, son cargos a los que se accede por concurso. Es decir, la misma actual ley, le está dando la razón al accionante, pues éste ha ganado un concurso público tal y conforme se aprecia de su resolución de nombramiento, éste había quedado comprendido en el Cuadro General de Méritos en el diecinueavo puesto, y con un puntaje de 60.86 en el concurso para directores realizado con fecha veinte de Diciembre del año dos mil dos. Es en virtud a ello que la Gerencia Sub Regional de Jaén dispuso su ubicación en una plaza de Subdirector mediante Resolución de Gerencia Sub Regional Nº 258-2002-CTAR-CAJ-GSR-J del veintiséis de Agosto del dos mil dos. Sin embargo, no obstante que el docente había ganado el concurso público de méritos, y que se le había nombrado mediante resolución administrativa citada, a pesar de ello la administración no había dado cumplimiento, por lo que vía proceso constitucional de cumplimiento, es que la administración fue apercibida para que se le emitiera su resolución de nombramiento y le diera posesión de cargo. Es decir, que el actor, no sólo ha ganado un concurso público, sino que cubre dicha plaza en cumplimiento de un mandato judicial.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">SEXTO.-</span></strong><strong> </strong>El juzgado considera  que <strong><em>prima face</em></strong><em>, </em>existen elementos que hacen preveer que la decisión normativa de sacar a concurso público la plaza de Subdirector del Colegio "Víctor Raúl Haya de La Torre", de la provincia de Jaén, y que corresponde al demandante, resulta inconstitucional puesto que, en primer lugar, del mérito de la Resolución de Nombramiento del accionante, no  aparece que su nombramiento haya sido temporal o por un determinado número de años, sino que se trata de un nombramiento permanente; y en segundo lugar, por cuanto se trata de un derecho adquirido bajo los alcances de la Ley del Profesorado, y por tanto, se trata de un derecho irrenunciable que se encuentra amparado por el artículo 26 inciso 2 de nuestra Constitución Política, que se refiere a los Principios de la relación laboral, cuando expresa: En la relación laboral se respeta el siguiente principio. El carácter irrenunciable de los derechos reconocidos <span style="text-decoration: underline;">por la Constitución y la Ley.</span></p> <p>El Principio de irrenunciabilidad de derechos de fundamenta en el carácter protector del derecho laboral en la medida que se presuma la nulidad, no sólo de todo acto del trabajador que disponga de un derecho reconocido en una norma imperativa, sino también de todo acto al que imperativamente es obligado por un elemento externo a su voluntad, lo relevante es que el trabajador no ejerza un derecho laboral.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">SÉTIMO.-</span></strong><strong> </strong>los derechos para ser irrenunciables deben estar reconocidos tanto en la Constitución o en la Ley, viene al caso señalar que el artículo 103 de la Carta Política, señal que toda ley rige para el futuro y no para el pasado, con alusión a la irretroactividad de la Ley. En el caso de autos, resulta que la misma Ley de Reforma Magisterial y su Directiva número 018-2013-MINEDU/VMGP-DIGEDD, están siendo aplicables retroactivamente a situaciones fácticas, cuyos efectos jurídicos ya han sido consumados bajo los alcances de la norma anterior (Ley del Profesorado, Ley 24029). Ello se relaciona con la Teoría de los Hechos Cumplidos que establece el artículo 2121 del Código Civil, cuando señala que a partir de su vigencia, las disposiciones del ordenamiento jurídico o de una norma se aplicarán incluso a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.</p> <p>Ello implica que si bien, toda norma se aplica de inmediato y rige para el futuro, ésta nueva norma se aplica a las consecuencias o mejor dicho a los efectos de situaciones jurídicas existentes y que aún provienen del pasado. Ello implica que una situación jurídica acaecida en el pasado, que todavía no haya acabado de producir sus consecuencias en el tiempo, y justamente esas consecuencias que se han trasladado hacia el presente, son  a las que las abarca y los rige la nueva ley; empero si esta situación fáctica del pasado, se ha consumado con todos sus efectos, bajo los alcances de la anterior norma, y ya no tiene efectos que se trasladen en el tiempo, ya la nueva norma no tiene nada que regirlos. En el caso sub materia tenemos que el director demandante José Antonio Díaz Vásquez, participó de un concurso público, cumpliendo todos los requisitos que se exigían en su momento, y fue nombrado bajo esos parámetros legales, de manera que a la entrada en vigencia de la nueva Ley 29944, ya no existe ningún efecto pendiente que no se haya concretado de su nombramiento, y por tanto, no hay nada que lo rija la nueva norma educativa; y por consiguiente, su situación debe ser asumida por la anterior normatividad, no pudiendo perjudicar con sacar a concurso su plaza, pues ello equivale a dejar sin efecto su nombramiento de Subdirector, puesto que puede ser entendido como un despido sin causa justa de su centro laboral, puesto que si bien (y el juzgado no desconoce) el Ministerio de Educación es el Órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación en concordancia con la política general del Estado; sin embargo, la convocatoria a un concurso debe hacerse respetando los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación, y en todo caso, limitando dicho concurso a los puestos de trabajo que se encuentren vacantes.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">OCTAVO.-</span></strong><strong> </strong>El acto de convocatoria a concurso público en el caso concreto de autos, no obstante que aún no exista fecha del exámen, constituye una amenaza cierta e inminente, puesto que la citada Directiva está tocando sensiblemente la situación laboral de estabilidad actual del demandante, puesto que resulta cierto y real que en el más próximo plazo el Ministerio de Educación fijará fecha para ello; con lo cual se está poniendo en juego la estabilidad laboral del trabajador de manera frontal.</p> <p>Que, con el concurso público para el acceso a dicha plaza se está contraviniendo el derecho constitucional al trabajo, y de impartir educación dentro de los principios constitucionales prescrito en el artículo 15, 22, 23, 24 y 26 inciso2) de la Constitución Política del Perú, artículo 37 inciso16) y 18) del Código Procesal Constitucional, pues el derecho al trabajo implica dos aspectos: 1) El de acceder a un puesto de trabajo, y 2) El derecho a no ser despedido sino por causa justa.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">NOVENO.-</span></strong><strong> </strong>Finalmente, debe señalarse que en todo caso, la convocatoria a concurso público de la plaza en donde el Subdirector demandante ha sido nombrado, está contraviniendo también a la Décima Primera Disposición Complementaria y Final del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, esto es el Decreto Supremo número 004-2013-ED, cuando al referirse a la adecuación de cargos anteriores a la Ley expresa: <strong><em>" Todos los nombramientos y designaciones o cargos que se hayan efectuado por disposición de normas anteriores que ya no estén vigentes, serán adecuadas a los cargos  de las áreas de desempeño laboral establecidas en la Ley. En el caso que el cargo haya dejado de existir, el profesor será reubicado como profesor de aula o por horas, de acuerdo a su formación  inicial o especialización debidamente certificada".</em></strong></p> <p>De dicha disposición se colige que el cargo de Subdirector del demandante debería ser adecuada a la nueva nomenclatura conceptual de la nueva Ley, lo cual implica que, no es necesario que la demandada pretenda sacar a concurso dicha plaza, pues al hacerlo toma una decisión opuesta a la que señala dicha Disposición Complementaria. Es decir, en vez de sacarla a concurso, y considerando que se trata de una plaza ganada mediante concurso público, puede adecuarla dicha plaza al Área de Gestión Institucional, conforme prescribe el artículo 12 inciso b) de la Ley 29944.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">DÉCIMO.-</span></strong><strong> </strong>Que, el artículo 15 del Código Procesal Constitucional expresa que se pueden conceder medidas cautelares y de suspensión, para lo cual se requiere apariencia del derecho, peligro en la demora y que el pedido acutelar sea adecuado o razonable para garantizar la eficacia de la pretensión.</p> <p>Según el artículo 611 del Código Procesal Civil (aplicable supletoriamente) constituyen presupuestos para el Despacho cautelar: a) La Verosimilitud del derecho invocado, significa la probabilidad de su existencia y su acreditación para que éste sea atendible y no una simple finalidad al concluir el proceso. Para la demostración del derecho invocado muchas veces es necesario la mera alegación de circunstancias fácticas o la aportación de elementos probatorios, los que se pueden efectivizar en el mismo escrito de solicitud a través del trámite sumario. Es decir, en algunos casos basta la enunciación clara y lógica de la petición; en otras, este requisito se presume por la calidad del solicitante o por circunstancias fácticas del caso, y en otros necesita de elementos  probatorios para formar la clara convicción del juez para la emisión de la tutela cautelar; b) La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso, ya que el derecho principal se encuentra en peligro de ser vulnerado dado que la actuación normal del derecho pueda llegar tarde al beneficiario; c)  La razonabilidad de la medida, para garantizar su eficacia de la pretensión. Tales supuestos aparecen <strong><em>"prima fecie"</em></strong> en el caso de autos.</p> <p>Que <em>"para la concesión de una medida cautelar únicamente se requiere acreditar la <strong>verosimilitud del hecho,</strong> es decir, que la fundabilidad de la pretensión que constituye objeto de aquel no puede depender de un conocimiento exhaustivo de y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en dicho proceso". </em>(Monroy Gálvez, Juan. La medida cautelar en el proceso de amparo, en lectura sobre temas constitucionales Nº 03. Comisión Andina de Juristas. Pág. 220).</p> <p>Es decir, no debe el juez perseguir la certeza, porque ella es el producto de una secuencia activa de verificación y deducciones lógicas que deben ser sustentadas mediante sentencia de fondo, basta eso para conceder una medida cautelar la apariencia fundada del derecho.</p> <p>En cuanto al<strong> peligro en la demora</strong>, se ha señalado en doctrina que <em>"para invocar el peligro debe haber un fundado temor que mientras se espera aquella tutela, lleguen a faltar o alterar las circunstancias  de hecho favorables a la tutela misma, esto implica que el peligro en la demora habrá de ser apreciada con relación a la urgencia de obtener protección especial, dado los hechos indicativos de la irreparabilidad o el grave daño que pueda significar esperar el dictado de sentencia".</em> (Comentarios al Código Procesal Civil-Marianella Ledesma Narvaez. Pág. 29).</p> <p>Se justifica este presupuesto en el caso de autos, por cuanto la demandada puede sacar a concurso público la plaza de Subdirector del accionante, y de esta manera poner en peligro su estabilidad laboral, y hacer irreparable su derecho.</p> <p>Por las consideraciones expuestas, el Primer Juzgado Civil-Mixto de Jaén, <strong><span style="text-decoration: underline;">RESUELVE:</span></strong></p> <p><strong>A).- DECLARAR FUNDADA LA MEDIDA CAUTELAR</strong> dentro de proceso, de fecha  nueve de Setiembre del año dos mil trece, interpuesta por el demandante <strong>JOSE ANTONIO DIAZ VASQUEZ</strong>  contra el Ministerio de Educación, Procurado Público del Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación de Cajamarca y Procurador Público del Gobierno Regional de Cajamarca. En consecuencia, SE DISPONE provisionalmente LA INAPLICACIÓN de la Directiva número 018-2013-MINEDU/VMGP-DIGEDD que contiene las normas para el Concurso de Acceso a cargos de Director y Subdirector de instituciones públicas de Educación Básica Regular, aprobada mediante Resolución Ministerial número  0262-2013-ED del veintinueve de Mayo del dos mil trece, respecto solamente a su plaza de Subdirector que viene desempeñando actualmente don José Antonio Díaz Vásquez, en su condición de nombrado en la Institución Educativa "Víctor Raúl Haya de La Torre" de la ciudad de Jaén, del departamento de Cajamarca, plaza que seguirá ocupando hasta resultas del proceso principal.</p> <p><strong>B).- NOTIFIQUESE </strong>para cumplimiento, conforme a ley.</p> <p><span style="color: #3333ff;"><strong>MAYOR INFORMACIÓN GRATUITA</strong></span></p> <p><span style="color: #3333ff;"><strong>DR. WUILMAN CASTRO</strong></span></p> <p><span style="color: #3333ff;"><strong>CELULAR 992422446</strong></span></p> <p><span style="color: #3333ff;"><strong>RPC 989177149</strong></span></p> <p><span style="color: #3333ff;"><strong>RPM #964941975</strong></span></p> <p> </p> SUSPENDEN CESE DE MAESTROS POR APLICACIÓN DE LA LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL http://wicart5000.espacioblog.com/post/2013/09/14/suspenden-cese-maestros-aplicaci-n-la-ley-29944-ley 2013-09-14T22:17:54Z WUILMAN LA APLICACIÓN DE LA INCONSTITUCIONAL LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, LEY 29944 HA SIDO SUSPENDIDA EN EL EXTREMO QUE, DE MANERA A... <p class="large"><span style="color: #cc0000;">LA APLICACIÓN DE LA INCONSTITUCIONAL LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, LEY 29944 HA SIDO SUSPENDIDA EN EL EXTREMO QUE, DE MANERA AUTOAPLICATIVA, ORDENABA EL CESE DE DOCENTES POR LÍMITE DE EDAD (65 AÑOS).</span></p> <p class="large"><span style="color: #cc0000;">HEMOS COMENTADO AMPLIAMENTE QUE EL OFICIO MÚLTIPLE Nº 0033-2013-MINEDU DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2013 HA PUESTO EN EVIDENCIA LA NATURALEZA AUTOAPLICATIVA DE LA LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL (OBSERVAR EL PUNTO 5).</span></p> <p class="large"><span style="color: #cc0000;">LO CIERTO ES QUE, MILES DE MAESTROS HAN QUEDADO FUERA DE SERVICIO (DESPEDIDOS) POR APLICACIÓN INCONDICIONADA E INMEDIATA DEL ART. 53º LITERAL D) DE LA LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, SIN EMBARGO, NO SE HA GARANTIZADO EL PAGO DE SU COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) Y MENOS SE LE ASEGURA LA INCORPORACIÓN A SISTEMA PENSIONARIO. ES DECIR, HAN QUEDADO TOTALMENTE DESAMPARADOS SIN GARANTIZARSE LA SUBSISTENCIA Y  MANUTENCIÓN DE SU FAMILIA POR CUANTO HAN DEJADO DE PERCIBIR INGRESO REMUNERATIVO ALGUNO. </span></p> <p class="large"><span style="color: #cc0000;">RECUÉRDESE QUE LA LEY  24029 Y SU MODIFICATORIA LEY 25212, LEY DEL PROFESORADO, OTORGABA UN NIVEL SUPERIOR AL DOCENTE QUE CESABA POR LÍMITE DE EDAD, DERECHO QUE ÁHORA HA SIDO SUPRIMIDO O ELIMINADO.</span></p> <p class="large"><span style="color: #cc0000;">ENTONCES, LA AGRESIÓN ES PLURIOFENSIVA Y LA DEGRADACIÓN DEL DOCENTE CESADO ES TOTAL, COLISIONANDO CON EL ART. 1º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO QUE ESTABLECE: "LA DEFENSA DE LA PERSONA HUMANA Y EL RESPETO DE SU DIGNIDAD SON EL FIN SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO", MÁS CUANDO LA LEY EN CUESTIÓN INCLUSO SE APLICA DE MANERA RETROACTIVA LO QUE ESTÁ PROHIBIDO POR EL ART, 103º DE NUESTRA CARTA MAGNA.</span></p> <p class="large"><span style="color: #cc0000;">ANTE TAL SITUACIÓN, LOS MAESTROS DE TACNA QUE HABÍAN SIDO CESADOS EN LA CONDICIÓN REFERIDA, HAN SIDO REINCORPORADOS A SU CENTRO LABORAL POR MANDATO JUDICIAL AL HABER INTERPUESTO MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA, MODELO DE MEDIDA CAUTELAR QUE A CONTINUACIÓN PUBLICAMOS:</span></p> <p>  </p> <p><strong>EXPEDIENTE:</strong></p> <p><strong>SECRETARIO:</strong></p> <p><strong>SUMILLA: </strong></p> <p><strong>MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA</strong></p> <p><strong>SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO MIXTO DE ANCASH.-</strong></p> <p><strong>EUGENIO CASTILLO ROJAS</strong><strong>,</strong> identificado con DNI N° 33243527, con domicilio real en  Jr. San Martín Nº 446, Pingullo Alto Sihuas y con domicilio procesal sito en ............................; ante Ud. me presento y digo:</p> <p><strong>•I.              </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">PETITORIO:</span></strong></p> <p>Que, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 38º del TUO de la Ley 27854, Ley que Regula el Proceso Contencioso-Administrativo, solicito se dicte Medida Cautelar Innovativa a favor del solicitante a fin de que se ordene a la demandada disponga mi reposición en el puesto de trabajo que venía desempeñando como docente de la I.E. "Capitán Marcelino Valverde Solórzano" del Distrito y Provincia de Sihuas, Región Ancash, al haber concluido mi relación laboral sin habérseme cumplido con pagar mi compensación por tiempo de servicios y la pensión que por ley me corresponde, vulnerándose mis derechos laborales; en atención a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que paso a exponer:</p> <p><strong>•II.            </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">DEMANDADOS:</span></strong></p> <ul> <li>- Gobierno Regional de Ancash debidamente con dirección en ...................<strong></strong></li> <li>- Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Ancash debidamente con dirección en.......................</li> </ul> <p><strong>•III.           </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">FUNDAMENTOS DE HECHO:</span></strong></p> <p><strong>PRIMERO:</strong> <strong>Verosimilitud del derecho invocado</strong>. El recurrente es docente de la I.E. "Capitán Marcelino Valverde Solórzano" del Distrito y Provincia de Sihuas, Región Ancash, nombrado a través de la Resolución Directoral Nº ............, con jornada laboral de .. horas pedagógicas dentro del régimen de la Ley 24029 y su modificatoria, Ley 25212, Ley del Profesorado, que establecía la edad límite de servicio hasta los 70 años de edad.</p> <p><strong>SEGUNDO:</strong> Que, sin embargo, al entrar en vigencia la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial que deroga a la Ley del Profesorado, se estableció como límite de edad de servicio hasta los 65 años de edad. Es así que, mediante Resolución Directoral Nº 1130-2013-UGEL-S de fecha 07 de agosto del 2013 se resuelve de oficio el cese por límite de edad del recurrente.</p> <p><strong>TERCERO: Peligro en la demora.</strong> Se me retiró intempestivamente del trabajo sin cumplir la demandada con pagarme la Compensación por Tiempo de Servicios ascendente a la suma económica de S/. 5,746.90 Nuevos Soles. Se me ha privado no sólo del trabajo sino de mi remuneración por CTS, poniéndose en peligro mi subsistencia y el de mi propia familia que dependen de mi, al no poder cubrir la satisfacción de necesidades elementales. Téngase presente que "la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado", precepto contenido en el Art. 1º de nuestra Carta Magna. Se establece así la urgencia de que la demandada cumpla con lo previsto en la Ley y la Constitución.</p> <p><strong>CUARTO:</strong> Que, Señor Juez, el suscrito es un docente que ha venido laborando durante más de 25 años en la carrera del profesorado, la renuencia de la demandada para cumplir con sus obligaciones laborales de pagarme mis beneficios laborales (CTS) me perjudica toda vez que ostento carga familiar y deudas pendientes con entidades financieras, perjudicándoseme en todos los extremos: daño personal, lucro cesante y daño moral.</p> <p><strong>QUINTO:</strong> <strong>Adecuabilidad de la medida.</strong> Resulta adecuada pues concurren los dos supuestos adicionales de la medida cautelar innovativa:</p> <ul> <li>- <strong>Inminencia de perjuicio irreparable. </strong>En el presente caso se verifica ello pues el peligro en la demora originaria un perjuicio irreparable dado que no concederse la medida cautelar solicitada hasta esperar el fallo definitivo, para tal fecha la situación será irreversiblemente desfavorable para el peticionante, a pesar de que el fallo ampare su pretensión, pues el tiempo e ingresos dejados de percibir no podrán recuperarse de modo alguno.<strong></strong></li> <li>- <strong>Excepcionalidad de la medida.</strong> En el presente caso resulta procedente reponer un estado de hecho cuya alteración es el sustento de la demanda, como es el estado de que el demandante reingrese a su centro laboral, finalidad que sólo puede ser cumplida a través de la medida cautelar innovativa.</li> </ul> <p><strong>SEXTO:</strong> Que, por lo expuesto, es posible inferir que resulta de necesidad imperiosa que se suspendan los efectos de la Resolución Directoral Nº 1130-2013-UGEL-S de fecha 07 de agosto del 2013, que ordena mi cese (despido) y se disponga la reposición inmediata del suscrito a mi centro de trabajo en el mismo cargo que venía desempeñando al momento de darse el cese, hasta que se garantice el pago de mis beneficios sociales (CTS) y la incorporación a sistema de pensiones.</p> <p><strong>•IV.          </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">FUNDAMENTOS DE DERECHO:</span></strong></p> <p><strong>CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.-</strong></p> <p><strong>Art. 139° Inciso 3.- </strong>Son principios y derechos de la función jurisdiccional:</p> <p>La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.</p> <p>Ninguna persona puede ser desviada de de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.</p> <p><strong>Art. 23°</strong>.- El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan.</p> <p>Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.</p> <p><strong>Art. 24°</strong>.- El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual.</p> <p> l pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador.</p> <p><strong>Art. 10°.-</strong> El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida.</p> <p><strong>Art. 1º.- </strong>La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado.</p> <p><strong>LEY</strong><strong> 27854, LEY QUE REGULA EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.-</strong><strong></strong></p> <p><strong>Art. 38º.-</strong> Sentencias estimatorias.          La sentencia que declare fundada la demanda podrá decidir en función de la pretensión planteada lo siguiente:</p> <p>            1. La nulidad, total o parcial, o ineficacia del acto administrativo impugnado, de acuerdo a lo demandado.</p> <p>            2. El restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el restablecimiento o reconocimiento de la situación jurídica lesionada, aun cuando no hayan sido pretendidas en la demanda.</p> <p>            3. La cesación de la actuación material que no se sustente en acto administrativo y la adopción de cuanta medida sea necesaria para obtener la efectividad de la sentencia, sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento.</p> <p>            4. El plazo en el que la administración debe cumplir con realizar una determinada actuación a la que está obligada, sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento.</p> <p><strong>CÓDIGO PROCESAL CIVIL.-</strong></p> <p><strong>Art. I.-</strong> Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.</p> <p><strong>Art. III.-</strong> El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia.</p> <p><strong>Art. 682º.-</strong> Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el Juez dictar medidas destinadas a reponer un estado de hecho o de derecho, cuya alteración vaya a ser o es el sustento de la demanda. Esta medida es excepcional, por lo que sólo se concederá cuando no resulte de aplicable otra prevista en la ley.</p> <p><strong>LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, LEY 29944.</strong></p> <p><strong>Art. 2º.- Principios: </strong>El régimen laboral del magisterio público se sustenta en los siguientes principios:</p> <p>d) <strong>Principio del derecho laboral:</strong> Las relaciones individuales y colectivas de trabajo aseguran la igualdad de oportunidades y la no discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la interpretación más favorable al trabajador en caso de duda insalvable.</p> <p><strong>DECRETO SUPREMO 004-2013-ED.-</strong></p> <p><strong>Art. 75º.- Garantía de los derechos del profesor.</strong></p> <p>El profesor que se considere afectado en sus derechos puede hacer uso del derecho de petición y/o presentar los recursos legales que le permitan restaurar los derechos afectados. El MINEDU y el Gobierno Regional a través de sus Instancias de Gestión Educativa Descentralizada están en la obligación, bajo responsabilidad, de dar respuesta por escrito dentro del término de ley establecido para un acto administrativo. De ser el caso, la comunicación debe incluir orientaciones que le permitan al profesor conocer los canales previstos en la ley para la interposición de sus recursos.</p> <p><strong>•V.           </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">FORMA:</span></strong></p> <p>Medida cautelar innovativa.</p> <p><strong>•VI.       </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">VIA PROCEDIMENTAL:</span></strong></p> <p>Proceso cautelar.</p> <p><strong>•VII.         </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">MEDIOS PROBATORIOS:</span></strong></p> <p>Ofrezco como medios probatorios:</p> <ul> <li>1. Copia de Resolución de Nombramiento.</li> <li>2. Copia de Resolución Directoral Nº 1130-2013-UGEL-S de fecha 07 de agosto del 2013, configurándose el daño y perjuicio causado en contra del recurrente.</li> </ul> <p><strong>•VIII.       </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">ANEXOS:</span></strong></p> <p>1-A Copia de DNI del recurrente.</p> <p>1-B Copia de Resolución de Nombramiento.</p> <p>1-C Copia de Resolución Directoral Nº 1130-2013-UGEL-S.</p> <p><strong>OTROSI DIGO:</strong>   Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 613º del Código Procesal Civil, en concordancia con el Art. 15º último párrafo del Código Procesal Constitucional; cumplo con ofrecer CONTRACAUTELA personal de caución juratoria (para lo cual legalizo mi firma ante el personal judicial correspondiente), sin perjuicio de que su despacho requiera, de considerarlo pertinente, una CONTRACAUTELA real.</p> <p><strong>POR TANTO:</strong></p> <p>Sírvase Ud. Señor Juez, solicito admitir la presente y tramitarla conforme a su naturaleza.</p> <p class="large"><span style="color: #cc0000;"> EN EL MISMO SENTIDO, REGIONES COMO PIURA Y AREQUIPA HAN DISPUESTO LA SUSPENSIÓN DEL CESE DE MAESTROS POR LÍMITE DE EDAD.</span></p> <p class="large"><span style="color: #cc0000;"> A CONTINUACIÓN PUBLICAMOS LA ORDENANZA DE LA REGIÓN AREQUIPA:</span></p> <p align="center"><strong>ORDENANZA REGIONAL Nº 241-AREQUIPA, QUE ESTABLECE REQUISITO PARA EL CUMPLIMIENTO DE "CESE POR CAUSAL DE LIMITE DE EDAD, DISPUESTO POR LA LEY N° 29944″</strong> </p> <p><strong>Artículo 1°.- Término de la Relación Laboral</strong> </p> <p><strong>ESTABLECER</strong> como requisito indispensable, para dar término a la relación laboral de la Carrera Pública Magisterial por la causal de límite de edad estipulada en el artículo 53° de la Ley N° 29944, que la Gerencia Regional de Educación cuente con la disponibilidad Presupuestal para el Pago de Compensación por Tiempo de Servicio y los beneficios pensionarios si fuere el caso. </p> <p>En tanto la Gerencia Regional de Educación, no cuente con la respectiva disponibilidad presupuestal para lo fines a que se refiere el párrafo precedente, no procederá los actos administrativos que den por concluida o terminada la relación laboral por causal de límite de edad. </p> <p><strong>Artículo 2°.- Finalidad</strong> </p> <p>La presente ordenanza regional tiene como Finalidad garantizar el respeto de la dignidad de la persona y el derecho de los profesores del sector público a efectos de viabilizar el pago respectivo de la Compensación Tiempo de Servicio y evitar ulteriores demandas o acciones civiles. </p> <p><strong>Artículo 3°.- De la Disponibilidad Presupuestal</strong> </p> <p><strong>ENCARGAR</strong> al Órgano Ejecutivo Regional a través de la Gerencia Regional de Educación realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación tendientes a conseguir la disponibilidad presupuestal, y asimismo, presupuestar en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2014 el pago de CTS y beneficios pensionarios para aquellos profesores que terminen su relación laboral por causal de límite de edad. </p> <p><strong>Artículo 4°.- Ámbito de Aplicación</strong> </p> <p>La presente ordenanza regional será de aplicación en el ámbito de la Región Arequipa. </p> <p><strong>Artículo 5°.- NOTIFICAR</strong> la presente ordenanza regional al Órgano Ejecutivo Regional y a la Gerencia Regional de Educación. </p> <p><strong>Artículo 6°.- DISPONER</strong> la publicación de la presente Ordenanza Regional tanto en el Diario Oficial "El Peruano" como en el Diario de Avisos Judiciales "La República"; en ese sentido, se encarga a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional del Ejecutivo Regional que, una vez publicada en el Diario Oficial, inmediatamente, ésta se publique en la página web institucional, de conformidad con lo regulado en el artículo 9 del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS. </p> <p>La tramitación de la publicación será a cargo de la Secretaría del Consejo Regional, mientras que el costo que ésta irrogue será cubierto por el Órgano Ejecutivo Regional. </p> <p>Comuníquese al señor Presidente del Gobierno Regional de Arequipa para su promulgación. </p> <p>En Arequipa, a los veinte días del mes de agosto del dos mil trece. </p> <p><strong>JOSÉ CÁRCAMO NEYRA</strong> <br />Presidente del Consejo Regional de Arequipa </p> <p><strong>POR TANTO:</strong> <br />Mando se publique y cumpla </p> <p>Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa, a los veintitrés días del mes de agosto del dos mil trece. </p> <p><strong>JUAN MANUEL GUILLÉN BENAVIDES <br /></strong>Presidente del Gobierno Regional de Arequipa </p> <p class="large"><span style="color: #cc0000;">MAYOR INFORMACIÓN GRATUITA</span></p> <p class="large"><span style="color: #cc0000;">DR. WUILMAN CASTRO</span></p> <p class="large"><span style="color: #cc0000;">CELULAR 992422446</span></p> <p class="large"><span style="color: #cc0000;">RPC   989177149</span></p> <p class="large"><span style="color: #cc0000;">RPM   # 964941975</span></p> SALAS CIVILES DEL CALLAO REVOCAN RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA SOBRE ACCIÓN DE AMPARO CONTRA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL http://wicart5000.espacioblog.com/post/2013/09/06/salas-civiles-del-callao-revocan-resoluciones-improcedencia 2013-09-06T05:53:58Z WUILMAN COMO VENIMOS INFORMANDO, RESULTA CONTROVERTIDO LOS PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS POR LOS DIFERENTES ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL... <p class="large"><strong><span style="color: #6633ff;">COMO VENIMOS INFORMANDO, RESULTA CONTROVERTIDO LOS PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS POR LOS DIFERENTES ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PAÍS, REFERENTE A LAS ACCIONES DE AMPARO INTERPUESTAS POR EL MAGISTERIO NACIONAL CONTRA LA INCONSTITUCIONAL LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL.</span></strong></p> <p class="large"><strong><span style="color: #6633ff;">LA PRIMERA Y SEGUNDA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DEL CALLAO ESTÁN REVOCANDO LAS RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA SOBRE LAS DEMANDAS DE AMPARO CONTRA LA LEY EN CUESTIÓN, SUSTENTANDO EL DERECHO QUE TIENEN LOS JUSTICIABLES DE TENER ACCESO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA CONSAGRADO EN EL ART. 139º INCISO 3) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.</span></strong></p> <p class="large"><strong><span style="color: #6633ff;">ADEMÁS, REFIERE A QUE SI BIEN ES CIERTO QUE LA DÉCIMA QUINTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA, TRANSITORIA Y FINAL DE LA LEY DE REFORMA AMGISTERIAL PREVÉ EXPRESAMENTE QUE EL PODER EJECUTIVO REGLAMENTARÁ LA CITADA LEY EN UN PLAZO NO MAYOR DE NOVENTA DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE SU VIGENCIA, LO QUE IMPLICARÍA QUE LA APLICABILIDAD DE LA LEY SE ENCONTRARÍA SUJETA A LA REALIZACIÓN DE UN ACTO POSTERIOR, SIN EMBARGO, ELLO NO SIGNIFICA QUE CON LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY EN ANÁLISIS, NO PUEDA PRODUCIRSE LA AFECTACIÓN DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL.</span></strong></p> <p class="large"><strong><span style="color: #6633ff;">EN ESTE SENTIDO, CORRESPONDE AL ACTOR O DEMANDANTE: 1) DEMOSTRAR LA NATURALEZA AUTOAPLICATIVA DE LA LEY EN CUESTIÓN: OF. MÚLTIPLE 008-2013-MINEDU DE FECHA 18 DE ENERO DEL 2013 Y OF. MÚLTIPLE 033-2013-MINEDU DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2013, SIENDO ÉSTE ÚLTIMO EL QUE EVIDENCIA LA NATURALEZA AUTAPLICATIVA DE LA LEY; Y 2) ESPECIFICAR LA VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LABORALES CON EL CAMBIO DE RÉGIMEN LABORAL Y LA SUPRESIÓN DE TODOS LOS CONCEPTOS REMUNERATIVOS: BOLETAS DE PAGO DESDE ENERO 2013.</span></strong></p> <p class="large"><strong><span style="color: #6633ff;">TENIENDO EN CUENTA QUE, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL RECIÉN SE APROBÓ EL 03 DE MAYO DEL 2013 MEDIANTE DECRETO SUPREMO Nº 004-2013-ED, ESTÁ PROBADO QUE, SIN REGLAMENTACIÓN SE CAMBIÓ DE RÉGIMEN LABORAL AL MAGISTERIO PERUANO Y SE CONFISCÓ TODOS SUS DERECHOS REMUNERATIVOS Y NO REMUNERATIVOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DEL PROFESORADO.</span></strong></p> <p class="large"><strong><span style="color: #6633ff;"> PARA MAYOR PRECISIÓN, OBSÉRVESE EL PUNTO 5 DEL OF. MÚLTIPLE 033-2013-MINEDU REFERENTE A LOS CESES POR LÍMITE DE EDAD QUE IMPONE LA LEY EN CUESTIÓN,Y POR EL QUE EN ESTOS MOMENTOS MILES DE MAESTROS SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO (DESPEDIDOS) SIN HABÉRSELES GARANTIZADO EL PAGO DE SU CTS Y PENSIÓN (QUEDANDO TOTALMENTE DESAMPARADOS SIN PERCIBIR INGRESO REMUNERATIVO ALGUNO),DONDE EXPRESAMENTE REFIRIÉNDOSE A LA LEY EN CUESTIÓN DICE SER "UNA DISPOSICIÓN CLARA Y PRECISA, ÉSTA ES OPERATIVA DESDE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY, SIN NECESIDAD DE SU REGLAMENTACIÓN, AL NO REQUERIR DICHO ACTO DE PROCEDIMIENTOS  REGLAMENTARIOS ADICIONALES".</span></strong></p> <p class="large"><strong><span style="color: #6633ff;">CON ESTE OFICIO SE PRUEBA QUE EL MISMO MINEDU RECONOCE QUE LA LEY EN CUESTIÓN ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA.</span></strong></p> <p class="large"><strong></strong></p> <p><span class="large" style="color: #ff0000;">PUBLICAMOS RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DEL CALLAO:</span></p> <p> </p> <p><strong>EXPEDIENTE: Nº  00255-2013</strong></p> <p><strong>PROCEDENCIA: PRIMER JUZGADO CIVIL DEL CALLAO</strong></p> <p><strong>MATERIA: ACCIÓN DE AMPARO</strong></p> <p><strong>DEMANDANTE: ISABEL RUEDA PICHILINGUE</strong></p> <p><strong>DEMANDADO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y OTRO</strong></p> <p><strong>PONENTE: DRA. SOTO GORDO</strong></p> <p><strong>VISTA DE CAUSA: 10 DE ABRIL DEL 2013</strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong>RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS</strong></p> <p><strong>Callao, doce de abril </strong></p> <p><strong>Del dos mil trece.-</strong></p> <p><strong>•I.                   </strong><strong>ASUNTO:</strong></p> <p>Vista la causa, viene en grado de apelación la resolución uno de fecha 28 de enero del 2013, que declara IMPROCEDENTE la demanda interpuesta.</p> <p><strong>•II.                 </strong><strong>ANTECEDENTES:</strong></p> <p>Doña ISABEL RUEDA PICHILINGUE interpone demanda de amparo en contra del Ministerio de Educación y en contra de la Región de Educación del Callao, solicitando se le declare inaplicable la nueva Ley de Reforma Magisterial Nº 29944 publicada por el Poder Ejecutivo en el Diario Oficial "El Peruano" de fecha 25 de noviembre del 2012, y se reponga las cosas al estado anterior a la violación de los derechos constitucionales invocados y se disponga el mandato legal contenido en la Ley 24029, según alega por vulnerarse diferentes derechos  constitucionales:</p> <ul> <li>- A que el profesorado en la enseñanza oficial es Carrera Pública.</li> <li>- Al trabajo que es un deber y un derecho.</li> <li>- Al trabajo en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado.</li> <li>- A una remuneración equitativa y suficiente, que procurar par él y su familia, el bienestar material y espiritual.</li> <li>- A que en una relación laboral se respeten los principios de igualdad de oportunidades sin discriminación, y el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley.</li> <li>- A la adecuada protección contra el despido arbitrario, que, la ley le otorga al trabajador.</li> <li>- A la sindicalización, negociación colectiva y derecho de huelga,</li> <li>- A la garantía jurídica del derecho a un debido proceso administrativo y derecho a la defensa.</li> <li>- Al derecho de libre contratación y acceso al 30% de bonificación por preparado de clases y acto confiscatorio a los devengados y por devengar.</li> <li>- A la presunción de la inocencia y a los principios de reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.</li> </ul> <p>A continuación señala como principales fundamentos de hecho: i) Que se vulnera el artículo 15 de la Constitución Política, que prevé la obligación del Estado de capacitar y perfeccionar al docente para obtener una buena calidad de producción, puesto que con la Ley 29944 se tergiversa el mandato constitucional, y la capacitación se reduce a una simple evaluación hostil, represiva y sin capacitar, siendo un medio para despedir docentes, ii) Señala que se "degrada" al Magisterio Nacional con una supuesta estructura de de escalas, señaladas en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 29944, haciendo que muchos profesores del II Nivel con la Ley 24029 retroceden al I Nivel, y así sucesivamente, degradando en su dignidad al docente y vulnerando el espíritu jurídico del artículo 22 de la Constitución, iii) La citada norma legal deroga la bonificación del 30% por concepto de preparación de clases, que es un derecho adquirido y establecido por la Ley 24029, concordante con el Inciso 2)  del artículo 26 de la Constitución que prevé el "carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley", vulnerando el derecho a una remuneración equitativa y suficiente, iv) Se indica que en los artículos 43 y 52 de la Ley 29944, se establece como causal de despido el ausentarse del dictado de clases, no manifestando nada respecto del derecho de huelga, siendo un derecho constitucionalmente reconocido incluso por el convenio 876 de la OIT, v) La norma vulnera la garantía del derecho a un debido proceso y derecho de defensa, previsto en el Inciso 23) de artículo 2 de la Constitución, y el artículo 139 Inciso 14 de la Constitución, por cuanto en su artículo 44 dispone como causal de separación del profesor la simple interposición  de una denuncia, lo que significa la agresión al derecho constitucional de presunción de inocencia, así como al Inciso 2) del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vi) se vulnera los principios de reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, previsto en el artículo139 Inciso22 de la Constitución, al establecer como causal de destitución y despido al docente que haya sufrido condena por el delito de apología al terrorismo o terrorismo en sus diversas modalidades, vii) Se establece como concepto remunerativo la remuneración íntegra mensual-RIM, pero no se dice cuál es su monto, siendo este un concepto vago, genérico y abstracto.</p> <p><strong>De los fundamentos de la resolución uno.</strong></p> <p>La resolución recurrida tiene como sustento principal: i) Que si bien se puede interponer amparo contra resoluciones judiciales, este solo es amparable cuando las normas sean autoaplicativas, es decir cuando su aplicabilidad resulte inmediata e incondicionada, lo que señala, no se verifica en el presente caso, por la norma submateria es heteroaplicativa, existiendo otra vía judicial para proteger en forma oportuna y eficaz los supuestos derechos "amenazados", más aun que esta supuesta infracción constitucional debe realizarse solo cuando corresponde de manera excepcional, en virtud del modelo desarrollado en el artículo 200 inciso 2 de la Constitución, que en principio deniega la posibilidad del amparo contra normas legales, razones por la que declara IMPROCEDENTE la demanda.</p> <p><strong>De los fundamentos de la apelación.</strong></p> <p>La actora señala como principal fundamento: i) Que la resolución uno debe ser declarada nula, por cuanto se requiere de un remedio rápido que evite se produzcan daños irreparables con la derogatoria de la Carrera Pública del Profesorado, la degradación y rebaja de niveles, la confiscación de la remuneración en lo referido a la bonificación especial del 30% por preparación de clases, esto por la supresión de conceptos remunerativos y no remunerativos, así como por la amenaza de despido arbitrario, por el ejercicio del derecho a huelga, siendo sus agravios la vulneración de derechos constitucionales, así como el derecho al debido proceso, por contravención del artículo 3 del Código Procesal Constitucional.</p> <p><strong>•III.              </strong><strong>FUNDAMENTOS:</strong></p> <p><strong>De la aplicación supletoria de los códigos procesales afines para absolver el agravio de los presentes autos.</strong></p> <p><strong>Primero:</strong> En primer término debe señalarse que de conformidad a lo previsto en el Art.  IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que prevé el principio de aplicación supletoria e integración de los códigos procesales afines a la materia discutida, corresponde tener presente para el caso de autos el Art. 364º del Código Procesal Civil, en cuanto señala que "el que interpone apelación debe fundamentarlo, indicando el error de hecho y derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y sustentando la pretensión impugnatoria", sobre cuya base corresponde evaluarse los presentes autos.</p> <p><strong>De la finalidad del proceso de amparo.</strong></p> <p><strong>Segundo:</strong> Por otro lado, el proceso constitucional de amparo constituye un mecanismo procesal de tutela de urgencia y satisfactiva, proceso de condena siendo una de las principales características de su procedencia, que deja sin efecto el hecho, omisión o amenaza, inminente y directa contra el ejercicio de un derecho constitucional, esto es, siempre que se trate de lograr la reposición del derecho constitucional transgredido o amenazado de manera fáctica, evidente y sin duda alguna, pues este no es declarativo de derechos, sino un proceso que a través del cual se pueden resarcir aquellos derechos que estando plena e indubitablemente acreditados, son objeto de trasgresión.</p> <p><strong>Delimitación de la cuestión en discusión.</strong></p> <p><strong>Tercero:</strong> De esta manera, y estando a los antecedentes señalados, en el presente caso será objeto de grado determinar si la improcedencia dispuesta, se encuentra realizada con arreglo a Ley, y siendo más precisos aún, determinar si la Ley de Reforma Magisterial vulnera alguno de los derechos fundamentales alegados, por estar desplegando efectos inmediatos.</p> <p><strong>Normas jurídicas aplicables.</strong></p> <p><strong>Cuarto:</strong> Por disposición del Art. 139º Inciso 3 de la Constitución Política, es un principio y derecho de la función jurisdiccional la observancia del <strong>debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva</strong>, atendiendo a que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos  o intereses, con sujeción a un debido proceso.</p> <p><strong>Jurisprudencia aplicable en el presente caso.</strong></p> <p><strong>Quinto:</strong> En esta misma línea, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto: "(...) la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, <strong>independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio</strong>. En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también  que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no sólo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia".1</p> <p><strong>Sexto:</strong> Y específicamente, respecto del rechazo liminar de la demanda también se ha pronunciado, al señalar: "(...) este Tribunal ha dejado claramente establecido que el rechazo liminar de la demanda de amparo es una alternativa a la que sólo cabe acudir cuando no exista margen de duda respecto de su improcedencia, es decir, <strong>cuando de una manera manifiesta </strong>se configure una causal de improcedencia específicamente prevista en el artículo 5º del Código Procesal Constitucional, que haga viable el rechazo de una demanda que se encuentre condenada al fracaso y que a su vez restringe la atención oportuna de otras demandas constitucionales que merecen un pronunciamiento urgente sobre el fondo".</p> <p><strong>Sétimo:</strong> Por lo tanto, de encontrarse alguna omisión en la demanda planteada en sede constitucional, el acto de la calificación de esta, no debe constituir un impedimento de acceso a la jurisdicción constitucional, sino sólo cuando la pretensión planteada sea manifiestamente y sin duda alguna improcedente, supuesto que no se verifica en el caso de autos.</p> <p><strong>Análisis del caso de autos.</strong></p> <p><strong>Octavo:</strong> En el caso de autos, si bien es cierto que la demanda interpuesta es general, en cuanto a la precisión de afectación de los derechos que se alega vulnerados, en tanto hace referencia a una serie de derechos constitucionales y no se precisa en qué medida es que estos son objetivamente vulnerados a la actora, presentando para tal finalidad sólo la copia de una boleta de pago de octubre del 2012 y de una Resolución Directoral, que da cuenta de su ubicación en el III Nivel de la Ley de Carrera Pública del Profesorado a partir del 02.06.2004, documentos de los que no se advierte vulneración alguna, lo cual no puede servir de sustento para un rechazo liminar de la demanda planteada, en tanto pueden ser solicitados por el Juez de la demanda los medios probatorios que acrediten la vulneración de los derechos que invoca.</p> <p><strong>Noveno:</strong> Aún más, siendo algunos de los derechos involucrados que tienen incidencia en la remuneración del actor que se alega habría sido afectado, así como en su nivel profesional , y que tienen un correlato constitucional en los artículos 23 de la Constitución que prevé que "ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador (...)", así como el artículo 26, que prevea en su inciso 2) "El carácter irrenunciable de los derechos reconocidos en la Constitución y la ley (...)" todo lo cual no puede conducir a  afirmar sino que un rechazo liminar de la demanda interpuesta resulta apresurado, y lesiona el derecho a un debido proceso en su dimensión de acceso a la jurisdicción.</p> <p><strong>Décimo:</strong> Ahora, si bien la Décimo Quinta Disposición complementaria, Transitoria y Final de la Ley de Reforma Magisterial, prevé expresamente que el Poder Ejecutivo reglamentará la citada Ley en un plazo no mayor de noventa días calendarios contados a partir de su vigencia, lo que importa que la aplicabilidad de la Ley se encuentra sujeta sujeta a la realización de un acto posterior, sin embargo, ello no significa que con la entrada en vigencia de la Ley en análisis, no puede producirse la afectación de un derecho constitucional, lo que corresponde probar a la actora, debiendo en todo caso, el Juez Constitucional realizar una debida calificación de la demanda, requiriendo a ésta la documentación más idónea para dilucidar la controversia planteada.</p> <p><strong>Décimo primero:</strong> Por lo tanto, siendo el debido proceso un derecho fundamental que comprende múltiples garantías y derechos fundamentales que condicionan o regulan el ejercicio de la función jurisdiccional, siendo uno de ellos el de acceso a la jurisdicción, por lo que la afectación de uno de los diferentes derechos que conforman su espectro, no puede configurar sino una lesión al derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.</p> <p><strong>Décimo segundo:</strong> Por lo tanto, estas observaciones determina que la resolución apelada se encuentre incursa en vicio insubsanable de nulidad, al no cumplir con los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad, vulnerando el acceso a la justicia como manifestación de la tutela jurisdiccional efectiva, previsto en el artículo 139 Inciso 3) de la Constitución Política del Estado y en concordancia con lo previsto en los artículos 171 y 176 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos, lo que determina que se declare la nulidad de la resolución apelada.</p> <p><strong>IV. DECISIÓN FINAL:</strong></p> <ul> <li>1. Por las consideraciones expuestas <strong>DECLARARON NULA</strong> la resolución uno de fecha 28 de enero del 2013, que declara IMPROCEDENTE la demanda interpuesta y <strong>ORDENARON</strong> que el juez de la demanda renueve el acto procesal viciado de nulidad con arreglo a ley y a las consideraciones expuestas.</li> <li>2. <strong>DISPUSIERON</strong> que por Secretaria se devuelva el expediente al juzgado de origen y se notifique conforme a ley, en los seguidos por <strong>ISABEL RUEDA PICHILINGUE</strong> con<strong> MINISTERIO DE EDUCACIÓN </strong>sobre <strong>PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO</strong>; y los devolvieron en la forma legal correspondiente.</li> </ul> <p> </p> <p><strong>RAMAL BARRENECHEA  </strong></p> <p><strong>MENDOZA CABALLERO</strong></p> <p><strong>SOTO GORDON</strong></p> <p><strong>                                                                                                                          JIMY ABRAHAM ROJAS RUIZ</strong></p> <p><strong>                                                                                                                          ESCRIBANO DILIGENCIERO</strong></p> <p><strong>                                                                                                                         </strong></p> TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y RESOLUCIONES CONTROVERTIDAS SOBRE DEMANDA DE AMPARO CONTRA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL http://wicart5000.espacioblog.com/post/2013/09/03/tribunal-constitucional-y-resoluciones-controvertidas-sobre 2013-09-03T05:05:49Z WUILMAN CONTROVERTIDAS SENTENCIAS HAN SIDO EMITIDAS POR EL TC REFERENTE A LAS DEMANDAS DE AMPARO CONTRA LEY 29944, LEY DE REFORMA MAG... <p class="large">CONTROVERTIDAS SENTENCIAS HAN SIDO EMITIDAS POR EL TC REFERENTE A LAS DEMANDAS DE AMPARO CONTRA LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL.</p> <p class="large">ES DE RESALTAR QUE SI BIEN ES CIERTO EL PLENO DEL TC HA RESUELTO LA IMPROCEDENCIA DE LAS DEMANDAS DE AMPARO RESPECTO A LOS PROCESOS LLEVADOS POR MAESTROS DE HUANCAVELICA, TAMBIÉN ES CIERTO QUE EXISTE UN VOTO SINGULAR QUE MARCA UN PRECEDENTE IMPORTANTE EN LA CALIFICACIÓN DE LA LEY EN CUESTIÓN.</p> <p class="large">COMO VENIMOS INFORMANDO,LA CUESTIÓN DE PROCEDENCIA DE LAS DEMANDAS DE AMPARO SE SUSTENTA EN LA CALIFICACIÓN DE LA NORMA EN CUESTIÓN, ESTO ES, ADEMÁS DE SER INCOMPATIBLE CON LA CONSTITUCIÓN, DEBE SER DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, POR CUANTO NO PROCEDE DEMANDA DE AMPARO CONTRA NORMAS DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA.</p> <p class="large">EN ESTE SENTIDO, MILES DE DEMANDAS DE AMPARO HAN SIDO ADMITIDAS A TRÁMITE PORQUE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA HAN CALIFICADO PREVIAMENTE LA LEY EN CUESTIÓN, ASÍ TENEMOS QUE LOS JUECES DE LAS JURISDICCIONES DEL NORTE DEL PAÍS HAN ADMITIDO A TRÁMITE LAS DEMANDAS DE AMPARO, INCLUSO, INICIALMENTE LOS JUECES DEL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA SUR FUERON DEL MISMO PARECER. ESTOS PROCESOS SE ENCUENTRAN EN CURSO, SALIENDO A JUICIO LOS PROCURADORES PÚBLICOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.</p> <p class="large">DE OTRO LADO, TENEMOS QUE LOS JUECES DE LAS JURISDICCIONES DEL SUR DEL PAÌS HAN DECLARADO IMPROCEDENTE LAS DEMANDAS DE AMPARO AL CALIFICAR DE HETEROAPLICATIVA LA NORMA EN CUESTIÓN, EN EL MISMO SENTIDO ES EL PRONUNCIAMIENTO DE LOS JUECES DE LIMA CENTRO Y LIMA NORTE. AQUÍ, LAS SALAS CIVILES HAN SIDO DEL MISMO PARECER, POR LO QUE CORRESPONDE LOS RECURSOS DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL.</p> <p class="large">EN EL CALLAO TENEMOS UNA PARTICULARIDAD, SI BIEN LAS DEMANDAS DE AMPARO FUERON DECLARADAS IMPROCEDENTE, LOS MAGISTRADOS DE LAS  SALAS CIVILES ESTÁN REVOCÁNDOLAS Y ORDENANDO LA ADMISIÓN DE LAS MISMAS.</p> <p class="large">ASÍ, VEMOS AHORA QUE EN EL SENO DE PROPIO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SE EXPRESA ESTA CONTROVERSIA SOBRE UNA MISMA NORMA, TENEMOS QUE EL MAGISTRADO MESIA RAMIREZ, MIEMBRO DEL PLENO DEL TC HA EMITIDO VOTO SINGULAR SUSTENTANDO QUE LA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, LEY 29944, ES UNA LEY DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, SIENDO SU VOTO POR REVOCAR LAS RESOLUCIONES DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA QUE RECHAZARON LIMINARMENTE LAS DEMANDAS DE AMPARO, Y EN CONSECUENCIA, ORDENAR AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA QUE LA ADMITA Y TRAMITE DE ACUERDO A LEY.</p> <p class="large">EN ESTE CONTEXTO, ES IMPORTANTE QUE LAS DEMANDAS DE AMPARO CONTENGAN TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS PARA QUE LOS JUECES TENGAN A BIEN VALORARLOS EN SU OPORTUNIDAD, COMO SON: BOLETAS DE PAGO CON EL NUEVO RIM, OFICIO MÚLTIPLE Nº 0008-2013-MINEDU Y OFICIO MÚLITPLE Nº 0033-2013-MINEDU (SIENDO ÉSTE ÚLTIMO EL QUE EVIDENCIA LA NATURALEZA AUTOAPLICATIVA DE LA LEY EN CUESTIÓN).</p> <p class="large">FINALMENTE, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LA IMPROCEDENCIA RESUELTA POR EL TC SOBRE LAS DEMANDAS DE AMPARO CONTRA LA INCONSTITUCIONAL LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, SÓLO APERTURA LA VÍA SUPRANACIONAL, RECORDANDO QUE EN ESTA INSTANCIA SE RESOLVIÓ EL CASO DELOS CINCO PENSIONISTAS VS. PERÚ, SIENDO QUE FUE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS LA QUE ORDENÓ AL ESTADO PERUANO LA INAPLICACIÓN DE LA NORMA QUE CAUSABA AGRAVIO.</p> <p> <span class="large"><span style="color: #ff0000;">A CONTINUACIÓN TRANSCRIBIMOS EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSITUCIONAL:</span></span><span class="large"><span style="color: #ff0000;"> </p> <p><strong><span style="color: #330033;">EXP. Nº 01516-2013-PA/TC</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #330033;">HUANCAVELICA</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #330033;">MARIA FELICITA CUADROS RAMOS</span></strong></p> <p align="center"><strong><span style="color: #330033;">RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL</span></strong></p> <p><span style="color: #330033;">Lima, 15 de mayo del 2013.</span></p> <p><strong><span style="color: #330033;">VISTO:</span></strong></p> <p><span style="color: #330033;">El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Felícita Cuadros Ramos contra la resolución de fojas 35, su fecha 15 de febrero del 2013, expedida por la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Huancavelica, que declaró improcedente la demanda de autos; y,</span></p> <p><strong><span style="color: #330033;">ATENDIENDO A:</span></strong></p> <p><span style="color: #330033;">1. Que, con fecha 18 de diciembre del 2012, la recurrente interpone demanda de amparo contra la Dirección Regional de Educación de Huancavelica, solicitando que se ordene la inmediata suspensión e inaplicación de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, que deroga la Ley del Profesorado Nº 24029, modificada por Ley Nº 25212, por vulnerar sus derechos constitucionales al trabajo, a la remuneración, a las bonificaciones, a la estabilidad laboral y a la pensión. Manifiesta que la Ley Nº 29944 establece condiciones laborales desfavorables en comparación con la Ley Nº 24029, y que no pueden ser aplicadas retroactivamente.</span></p> <p><span style="color: #330033;">2. Que, el Segundo Juzgado Civil de Huancavelica, con fecha 08 de enero del 2013, declara improcedente la demanda por considerar que la norma objeto del proceso es heteroaplicativa. A su turno, la Sala revisora confirmó la apelada por similares argumentos.</span></p> <p><span style="color: #330033;">3. Que, el objeto de la demanda es que se declare inaplicable para el caso concreto la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 25 de noviembre del 2012, por vulnerar supuestamente el derecho al trabajo.</span></p> <p><span style="color: #330033;">4. Que, el Art. 3º del Código Procesal Constitucional ha regulado el proceso de amparo contra normas legales, señalando que sólo procede contra normas autoaplicativas. El segundo párrafo del mismo artículo define que <em>"Son normas autoaplicativas aquellas cuya aplicabilidad, una vez que ha entrado en vigencia, resulta inmediata e incondicionada".</em></span></p> <p><span style="color: #330033;"><strong>•5.    </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">Que, en el presente caso se aprecia que la norma cuestionada no es autoaplicativa, puesto que requiere de una actividad administrativa posterior. En ausencia del acto de aplicación por los emplazados no es posible examinar las consecuencias de dicha norma para el caso concreto, en efecto, importan una afectación de los derechos constitucionales invocados (subrayado nuestro) .</span></strong></span></p> <p><span style="color: #330033;">6. Que, a mayor abundamiento, debe precisarse que sobre el control abstracto de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, se han interpuesto los procesos de inconstitucionalidad, Expedientes Nº 00021-2012-PI, 00008-2013-PI, 00009-2013 y 00010-2013-PI, y se han admitido a trámite los Expedientes Nº 00019-2012-PI y 0020-2012-PI, los mismos que se encuentran pendientes de solución.</span></p> <p><span style="color: #330033;">Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú.</span></p> <p><strong><span style="color: #330033;">RESUELVE:</span></strong></p> <p><span style="color: #330033;">Declarar <strong>IMPROCEDENTE </strong>la demanda.</span></p> <p><span style="color: #330033;">Publíquese y notifíquese.</span></p> <p><span style="color: #330033;">SS.</span></p> <p><strong><span style="color: #330033;">URVIOLA HANI</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #330033;">GERVARA GOTELLI</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #330033;">ÁLVAREZ MIRANDA</span></strong></p> <p></span></span></p> <p> </p> <p><strong>EXP. Nº 01516-2013-PA/TC</strong></p> <p><strong>HUANCAVELICA</strong></p> <p><strong>MARIA FELICITA CUADROS RAMOS</strong></p> <p align="center"><strong>VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO MESIA RAMIREZ</strong></p> <p>Haciendo uso de la facultad establecida por el artículo 5º de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, manifiesto a través de este voto, mi parecer discrepante con la ponencia, parecer que se sustenta en las consideraciones siguientes:</p> <ul> <li>1. La demanda tiene por objeto que se declare inaplicable la Ley Nº 29944, de Reforma Magisterial.</li> </ul> <p>Para analizar los efectos -inmediatos o mediatos- que produce la Ley cuestionada en la esfera jurídica de las personas, considero que primero debe analizarse el <em><strong>status</strong></em> de la demandante. Si ésta no es una profesora comprendida dentro del régimen laboral de la Ley Nº 24029 o de la Ley Nº 29062, obviamente que la Ley cuestionada no le es aplicable, por lo que en este caso la demanda sería improcedente.</p> <p>Diferente es la situación de la demandante que es profesora comprendida dentro del régimen laboral de la Ley Nº 24029 o de la Ley Nº 29062, pues en este supuesto es evidente  que la Ley cuestionada le es aplicable. En este supuesto lo que corresponde es determinar si la Ley Nº 29944 es autoaplicativa o heteroaplicativa, toda vez que en autos se encuentra probado que la demandante es una profesora comprendida dentro del régimen laboral de la Ley Nº 24029.</p> <ul> <li>2. De los alegatos de la demanda se advierte que no se busca un control abstracto de la Ley Nº 29944, sino que se cuestiona el traslado automático del régimen laboral de la Ley Nº 24029 a este nuevo régimen laboral. Por dicha razón considero que corresponde aplicar el principio <strong><em>iura novit curia </em></strong>a fin de entender que la demanda pretende que se declare inaplicable su Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final que dice:</li> </ul> <p><strong>PRIMERA:</strong> Ubicación de los profesores de la Ley Nº 24029 en las escalas magisteriales.</p> <p>Los profesores nombrados pertenecientes al régimen de la Ley Nº  24029, comprendidos en los niveles magisteriales I y II son ubicados en la primera escala magisterial, los del III nivel magisterial en la segunda escala magisterial y los comprendidos en los niveles magisteriales IV y V son ubicados en la tercera escala magisterial a que se refiere la presente ley.</p> <ul> <li>3. <strong>El tenor literal de la disposición transcrita me permite concluir que es una norma autoaplicativa, es decir, su eficacia es inmediata porque no se encuentra sujeta a la realización de algún acto posterior o a una eventual reglamentación legislativa, en la medida que adquiere su eficacia plena en el mismo momento que entra en vigencia la Ley Nº 29944. consecuentemente, el auto de rechazo liminar debe ser revocado y ordenarse la admisión de la demanda (sombreado nuestro).</strong></li> </ul> <p>Por estas razones mi voto es por <strong>REVOCAR</strong> las resoluciones de la primera y segunda instancia que rechazaron liminarmente la demanda; en consecuencia, <strong>ORDENAR</strong> al juzgado de primera instancia que la admita a trámite dentro de los plazos establecidos en el código procesal constitucional.</p> <p>SS</p> <p><strong>MESIA RAMIREZ</strong></p> </p> ASIGNACIÓN DE REFRIGERIO Y MOVILIDAD PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS ACTIVOS Y CESANTES http://wicart5000.espacioblog.com/post/2013/08/04/asignaci-n-refrigerio-y-movilidad-docentes-y 2013-08-04T04:36:57Z WUILMAN   COMO VENIMOS INFORMANDO, LA LEY 24029 Y SU MODIFICATORIA LEY 25212, LEY DEL PROFESORADO, CONCORDANTE CON SU REGLAMENTO AP... <p> </p> <p><span style="color: #6666cc;"><strong>COMO VENIMOS INFORMANDO, LA LEY 24029 Y SU MODIFICATORIA LEY 25212, LEY DEL PROFESORADO, CONCORDANTE CON SU REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE D.S. Nº 019-90-ED, ESTABLECIERON UN CONJUNTO DE BENEFICIOS Y BONIFICACIONES A FAVOR DEL MAGISTERIO PERUANO ACTIVOS Y CESANTES.</strong></span></p> <p><span style="color: #6666cc;"><strong>LA BONIFICACIÓN POR REFRIGERIO Y MOVILIDAD QUE ESTABLECE EL DECRETO SUPREMO Nº 025-85-PCM, EL MISMO QUE CONTEMPLA EL PAGO DE UNA ASIGNACIÓN POR REFRIGERIO  Y MOVILIDAD EQUIVALENTE A S/. 5.00 (CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN FORMA DIARIA.</strong></span></p> <p><span style="color: #6666cc;"><strong>LO CIERTO ES QUE ACTUALMENTE SIN NINGUNA RAZÓN JURÍDICA, ESTE BENEFICIO SE VINO OTORGANDO EN FORMA MENSUAL, CONFORME SE PUEDE ADVERTIR DE LAS BOLETAS DE PAGO DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS ACTIVOS Y CESANTES.</strong></span></p> <p><span style="color: #6666cc;"><strong>EN CONSECUENCIA, CORRESPONDE DESARROLLAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES A FÍN DE REIVINDICAR ESTE DERECHO, SIENDO QUE PARA LLEGAR EN EL MENOR TIEMPO AL PODER JUDICIAL MEDIANTE DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA SE RECOMIENDA APLICAR LA FIGURA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO, PARA AGOTAR RÁPIDAMENTE LA VÍA ADMINISTRATIVA.</strong></span></p> <p><span style="color: #6666cc;"><strong>A CONTINUACIÓN ESTE SERVIDOR PUBLICA LA REFERENCIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL A TENER EN CUENTA:</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #6666cc;"> </p> <p align="center"><span class="large" style="color: #330033;">RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 211-2013-GRSM/PGR</span></p> <p align="right"><span style="color: #330033;">Moyobamba, 11 de marzo del 2013.</span></p> <p><span style="color: #330033;">VISTO: El Expediente Nº 4483008 que contiene el Oficio Nº 593-2013-CDJE-GRSM/PPR, de fecha 05 de marzo del 2013, la Resolución Nº 11 del Expediente Judicial Nº 01218-2011-0-2201-JM-CI-01, y;</span></p> <p><span style="color: #330033;">CONSIDERANDO:</span></p> <p><span style="color: #330033;">Que, mediante el Oficio Nº 593-2013-CDJE-GRSM/PPR, de fecha 05 de marzo del 2013, el Procurador Público Regional, solicita el Cumplimiento del Mandato Judicial que contiene la Resolución Nº 11 del Expediente Judicial Nº 01218-2011-0-2201-JM-CI-01, conforme a lo señalado por la Sala Liquidadora Mixta de Moyobamba, que declara Fundada en parte la demanda, en consecuencia, Nulos la Resolución Gerencial Regional Nº 439-GRSM/GRDS y el Oficio Nº 736-2011-GRSM-DRE/DGA/ARP, y Ordena que la demandada emita resolución en la que se considere el pago diario de la bonificación por Movilidad y Refrigerio desde su designación o nombramiento como docente hasta la vigencia del Decreto Supremo Nº 204-90-EF, en favor de las demandantes, descontándose lo percibido por este beneficio, más devengados e intereses, sin costas ni costos.</span></p> <p><span style="color: #330033;">Que, siendo ello así y de conformidad con lo establecido en el Art. 139º, Inciso 2 de la Constitución Política, es principio de la función jurisdiccional el que ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución; asimismo, el Art. 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corrobora que no se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución, ni cortar procedimiento en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso.</span></p> <p><span style="color: #330033;">Que, en ese orden de ideas, corresponde cumplir con lo señalado por la Resolución Nº 11 del Expediente Judicial Nº 01218-2011-0-2201-JM-CI-01, conforme a lo señalado por la Sala Liquidadora Mixta de Moyobamba, que declara Fundada en parte la demanda, en consecuencia, Nulos la Resolución Gerencial Regional Nº 439-GRSM/GRDS y el Oficio Nº 736-2011-GRSM-DRE/DGA/ARP, y Ordena que la demandada emita resolución en la que se considere el pago diario de la bonificación por Movilidad y Refrigerio desde su designación o nombramiento como docente hasta la vigencia del Decreto Supremo Nº 204-90-EF, en favor de las demandantes, descontándose lo percibido por este beneficio, más devengados e intereses, sin costas ni costos.</span></p> <p><span style="color: #330033;">Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y atribuciones conferidas, de conformidad con la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nº 27902 y 28013, el Reglamento de Organización y Funciones aprobada mediante Ordenanza Regional Nº 037-2010-GRSM/CR; y con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Legal y Gerencia General Regional del Gobierno Regional de San Martín.</span></p> <p><span style="color: #330033;">SE RESUELVE:</span></p> <p><span style="color: #330033;">ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la petición de NIMIA VASQUEZ TELLO, JULIANA GOMEZ MENDOZA y SUSANA GALOC PINEDO, en cumplimiento al Mandato Judicial contenido en la Resolución Nº 11 del Expediente Judicial Nº 01218-2011-0-2201-JM-CI-01, conforme a lo señalado Sala Liquidadora Mixta de Moyobamba, que declara Fundada en parte la demanda, en consecuencia, Nulos la Resolución Gerencial Regional Nº 439-GRSM/GRDS y el Oficio Nº 736-2011-GRSM-DRE/DGA/ARP, y Ordena que la demandada emita resolución en la que se considere el pago diario de la bonificación por Movilidad y Refrigerio desde su designación o nombramiento como docente hasta la vigencia del Decreto Supremo Nº 204-90-EF, en favor de las demandantes, descontándose lo percibido por este beneficio, más devengados e intereses, sin costas ni costos.</span></p> <p><span style="color: #330033;">ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional de San Martín, realizar las acciones administrativas del caso a efectos de comprometer, devengar y cancelar las deudas pendientes, indicadas en el artículo primero de la presente resolución, con cargo a los presupuestos autorizados.</span></p> <p><span style="color: #330033;">ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR a la Procuraduría pública Regional lo dispuesto con la presente resolución, para los fines pertinentes.</span></p> <p><span style="color: #330033;">Regístrese, Comuníquese y Archívese.</span></p> <p align="right"><span style="color: #330033;">CESAR VILANUEVA ARÉVALO</span></p> <p align="right"><span style="color: #330033;">PRESIDENTE REGIONAL</span></p> <p align="right"><span style="color: #330033;">GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN</span></p> <p align="right"><span style="color: #330033;"> </span></p> <p class="large aleft"><span style="color: #330033;">ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO QUE ORDENA PAGO DE ASIGNACIÓN DE REFRIGERIO Y MOVILIDAD PARA ADMINSTRADO DEL DECRETO LEGISLATIVO 276 </span></p> <p class="aleft"><span style="color: #330033;"> </span></p> <p><span style="color: #330033;">     EXPEDIENTE: 00844-2012-0-1101-JR-CI-01</span></p> <p class="aleft"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="439"> <tbody> <tr> <td width="118" valign="top"> <p><span style="color: #330033;">MATERIA</span></p> </td> <td width="19" valign="top"> <p><span style="color: #330033;">:</span></p> </td> <td width="302" valign="top"> <p><span style="color: #330033;">ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="118" valign="top"> <p><span style="color: #330033;">ESPECIALISTA</span></p> </td> <td width="19" valign="top"> <p><span style="color: #330033;">:</span></p> </td> <td width="302" valign="top"> <p><span style="color: #330033;">SANCHEZ LONCHERICH</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="118" valign="top"> <p><span style="color: #330033;">APODERADO</span></p> </td> <td width="19" valign="top"> <p><span style="color: #330033;">:</span></p> </td> <td width="302" valign="top"> <p><span style="color: #330033;">PROCURADOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="118" valign="top"> <p><span style="color: #330033;">DEMANDADO</span></p> </td> <td width="19" valign="top"> <p><span style="color: #330033;">:</span></p> </td> <td width="302" valign="top"> <p><span style="color: #330033;">DIRECTOR DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="118" valign="top"> <p><span style="color: #330033;">DEMADANTE</span></p> </td> <td width="19" valign="top"> <p><span style="color: #330033;">:</span></p> </td> <td width="302" valign="top"> <p><span style="color: #330033;">ESTEBAN PACO ZENON CUPERTINO</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </p> <p><span style="color: #330033;">     SENTENCIA</span></p> <p><span style="color: #330033;">     Resolución número cuatro.-</span></p> <p><span style="color: #330033;">     Huancavelica, nueve de enero del año dos mil trece</span></p> <p><span style="color: #330033;">     AUTOS Y VISTOS:</span></p> <p><span style="color: #330033;">     La demanda de Acción de Cumplimiento Interpuesta por Zenón Cupertino Esteban Paco, contra el Director del Hospital Departamental de Huancavelica, y</span></p> <p><span style="color: #330033;">     I.- FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.-</span></p> <p><span style="color: #330033;">     Zenón Cupertino Esteban Paco, interpone demanda de Proceso de Cumplimiento, solicitando lo siguiente:</span></p> <p><span style="color: #330033;">     * Cumpla el mandato administrativo contenido en la Resolución Directoral Nº 378-2011-D.HD-HVCA-UP de fecha 19 de agosto del 2011, por el cual se resuelve en el Artículo Nº 2 "Conceder la suma de cuarenta y nueve mil quinientos noventa y nueve con 00/100(S/. 49,599.00) nuevos soles, por concepto devengados a partir del primero de marzo de 1985, hasta el 30 de Agosto del 2011, por la mala aplicación del Decreto Supremo N0 025-85-PCM</span></p> <p><span style="color: #330033;">     Fundamenta su demanda en los siguientes hechos: indicando</span></p> <p><span style="color: #330033;">     1) Que, el recurrente es servidor público nombrado bajo el Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, actualmente del Hospital Departamental de Huancavelica, con el Cargo de Asistente Administrativo II, Nivel TBPE.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     2) Que, en la resolución materia del proceso reconoce el derecho que expresa el Decreto Supremo 025-85-PCM. Asimismo, ha solicitado mediante Carta Notarial el reconocimiento de su derecho.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     3) Que, en un inicio presentó la solicitud de fecha 04 de Mayo del 2011 en el que pide el reintegro y estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Supremo 025-85-PCM, referente al pago del reintegro de sus remuneraciones por concepto de asignación laboral por movilidad y refrigerio, ante lo cual la Entidad Administrativa emitió la Resolución Administrativa Nº 378-2011-D-HD-HVCA-UP de fecha 19 de Agosto del 2011, resolviendo en el artículo 2 conceder la suma de cuarenta y nueve mil quinientos noventa y nueve con 00/100 (S/. 49,599.00) nuevos soles por concepto de devengados a partir del 01 de Marzo de 1985 hasta el 30 de Agosto del año 2011 por la mala aplicación del Decreto Supremo 025-85-PCM.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     4) Que, la entidad demandada le viene abonando por compensación por refrigerio y movilidad la suma de cinco con 01/100 nuevos soles de forma mensual cuando en realidad debería abonar la suma de cinco con 00/100 nuevos soles de forma diaria de conformidad con el segundo párrafo del Decreto Supremo Nº 264-90-EF.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     5) Que, se ha vulnerado el principio de jerarquía de normas, consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política del Perú y la norma a aplicarse es la Ley Nº 276 y su reglamento.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     6) Que, ante la renuencia del director del Hospital Departamental de Huancavelica, remitió la Carta Notarial de fecha 09 de Agosto del 2012, la misma que ha hecho caso omiso sin pronunciarse hasta la fecha, continuando de esta manera con la renuencia.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     AUTO ADMISORIO</span></p> <p><span style="color: #330033;">     Que, mediante Resolución número uno de fecha tres de Octubre del año dos mil doce, la misma que obra a fojas 36, se resuelve admitir a trámite la demanda Constitucional de cumplimiento, en consecuencia se corre traslado a la Entidad demandada por el plazo de cinco días a efectos de que conteste la demanda.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE LA DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     Absuelve indicando:</span></p> <p><span style="color: #330033;">     1). Que, si bien es cierto que su representada reconoce el derecho de pago por concepto de devengados no es menos cierto que no existe renuencia a acatar dicho mandato.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     2). Que, se debe tener en cuenta que el error no genera derecho, tal como lo ha pronunciado el Tribunal Constitucional en el Exp. 03975-2011, estando dentro del plazo legal para solicitar la nulidad de la resolución administrativa.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     3). Que, el error en la emisión de la Resolución Administrativa Nº 378-2011-D-HD-HVCA-UP, por cuanto este fue erradamente emitida, es mas a través de diferentes sentencias del superior corno el caso del Exp. 03731-2008, se ha revocado la sentencia y se declaró infundada la demanda.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DEL PROCURADOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     Quien no contestó la demanda, pese a encontrarse debidamente notificado conforme obra a fojas 37.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN</span></p> <p><span style="color: #330033;">     PRIMERO: Que, para efectos de emitir pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones demandadas corresponde delimitar los extremos del petitorio de la demanda. Así tenemos que de la demanda y de lo actuado en el presente proceso, se advierte que el demandante solicita en rigor al Órgano Jurisdiccional que se:</span></p> <p><span style="color: #330033;">     * Cumpla el mandato administrativo contenido en la Resolución Directoral Nº 378-2011-D-HD-HVCA-UP de fecha 19 de Agosto del 2011, por el cual se resuelve en el artículo 2 conceder la suma de cuarenta y nueve mil quinientos noventa y nueve 00/100 (S/. 49, 599.00) nuevos soles por concepto de devengado a favor de Zenón Cupertino Esteban Paco, a partir del 01 de Marzo del año 1985 hasta el 30 de Agosto del 2011; por la mala aplicación del Decreto Supremo Nº 025-85-PCM.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN</span></p> <p><span style="color: #330033;">     SEGUNDO: Que, conforme al artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, los procesos constitucionales tienen, entre sus fines esenciales, los de garantizar la supremacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales que son posibles, o se concretiza, a través de las finalidades específicas de cada uno de los procesos constitucionales.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     Por tanto, para configurar el perfil exacto del proceso de cumplimiento, garantizando la autonomía de cada uno de los procesos constitucionales que protege derechos constitucionales (amparo, habeas corpus y habeas data), derechos precisar, dentro del marco del artículo II Título Preliminar del código procesal Constitucional, como es que mediante el proceso de cumplimiento se alcanza los fines comunes a los procesos constitucionales.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     TERCERO: Que, en tal sentido, el máximo intérprete de la constitucionalidad ha determinado que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto administrativo y la orden de emisión de una resolución sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, máxime que el proceso de cumplimiento es un "proceso constitucionalizado" que prime facie no tiene por objeto la protección de un derecho o principio constitucional, sino la de derechos legales y de orden administrativos, mediante el control de inacción administrativa, se trata, por tanto de un "proceso constitucionalizado" como a su vez es el contencioso administrativo, y no es estricto de un "proceso constitucional" toda vez que en su seno no se resuelve controversias que versen sobre materia constitucional, aun cuando éste haya sido creado directamente por la constitución (artículo 200, inciso 6), (STC Exp. Nº 0191-2003- AC-TC, fj.2).</span></p> <p><span style="color: #330033;">     Que, conforme al precedente vinculante el Colegiado Constitucional ha establecido en la Sentencia STC Exp: Nº 00168-2005-PC-TC, que para el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto administrativo, además de la renuencia del funcionario o la autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes:</span></p> <p><span style="color: #330033;">     a) Ser un mandato vigente.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indudablemente de la norma legal o del acto administrativo.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento</span></p> <p><span style="color: #330033;">     e) Ser incondicional.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     Excepcionalmente podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera actuación probatoria.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     Adicionalmente para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, además de los requisitos mínimos comunes mencionados en tales actos deberá:</span></p> <p><span style="color: #330033;">     f) Reconocer un hecho incuestionable del reclamante.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     g) Permitir individualizar al beneficiario.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     CUARTO: Ahora bien, corresponde determinar que se ha acreditado de lo actuado en el presente proceso. Veamos:</span></p> <p><span style="color: #330033;">     * De la revisión de autos se verifica que mediante Directoral Nº 378-2011-D-HD-HVCA-UP de fecha 19 de Agosto del 2011, por el cual se resuelve en el artículo 2 conceder la suma de cuarenta y nueve mil quinientos noventa y nueve 00/100 (S/. 49, 599. 00) nuevos soles por concepto de devengado a favor de Zenón Cupertino Esteban paco, a partir del 01 de Marzo del año 1985 hasta el 30 de Agosto del 2011; por la mala aplicación del Decreto Supremo Nº 025-85-PCM, acto administrativo firme cuyo derecho reconocido a favor del demandante no ha sido contradicho ni cuestionado en sede administrativa ni en sede Judicial por la parte demandada; satisfaciendo además dicho acto administrativo los criterios mínimos de procedencia establecidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia antes glosada.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     * Asimismo, conforme fluye de la solicitud de folios cuatro a cinco el recurrente ha cumplido con requerir el cumplimiento de la Resolución Directoral Nº 378-2011-D-HD-HVCA-UP de fecha 19 de Agosto del 2011, mediante carta notarial de fecha nueve de Agosto del dos mil doce, sin que la Entidad demanda se haya pronunciado.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     QUINTO: Siendo así, existe una obligación pendiente de pago de parte de la demandada a favor del accionante, determina mediante Resolución Directoral Nº 378-2011-D-HD-HVCA-UP de fecha 19 de Agosto del 2011 obrante a fojas ocho, la misma que no fuera materia de tacha, consecuentemente debe darse cumplimiento; debiendo la administración demandada adoptar todas las gestiones pertinentes para el inmediato cumplimiento de la suma adeudada.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     SEXTO: EN CUANTO A LAS COSTAS Y COSTOS: En cuanto al pago de costas y costos en forma expresa el artículo 56 del código procesal constitucional, corresponde disponer que la demandada pague los costos del proceso y declarar improcedente el pago el pago de las costas, ello en atención a que los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo al principio de gratuidad en la actuación del demandante (STC EXP Nº 2210-2005-PA-TC,S.F.J.6).</span></p> <p><span style="color: #330033;">     DECISIÓN:</span></p> <p><span style="color: #330033;">     Por estas consideraciones con las facultades conferidas en nuestra Constitución Política del Estado, el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad, Administrando Justicia a nombre de la Nación.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     SE RESUELVE:</span></p> <p><span style="color: #330033;">     1.- DECLARAR FUNDADA la demanda Constitucional Proceso de Cumplimiento interpuesto por Zenón Cupertino Esteban Paco, contra el Director del Hospital Departamental de Huancavelica.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     2.- ORDENAR que la Entidad administrativa Hospital Departamental de Huancavelica, ejecute y de cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Directoral Nº 378-2011-D-HD-HVCA-UP de fecha 19 de Agosto del 2011, que reconoce al actor en su artículo 2 Conceder la suma de cuarenta y nueve mil quinientos noventa y nueve 00/100 (S/. 49, 599.00) nuevos soles por concepto de devengado a favor de Zenón Cupertino Esteban Paco, a partir del 01 de Marzo del año 1985 hasta el 30 de Agosto del 2011, debiendo la demandada cumplir con ejecutar la precitada Resolución Directoral en el PLAZO DE QUINCE DIAS e inicie los trámites administrativos pertinentes, para dar cumplimiento y el pago de lo ordenado, bajo apercibimiento de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para la instauración del proceso penal. Con costos. Avocándose la secretaria que da cuenta por disposición superior. Hágase saber.</span></p> <p><span style="color: #330033;">     MARTHA E. CARRANZA ACEVEDO</span></p> <p><span style="color: #330033;">     Juez Provincial</span></p> <p><span style="color: #330033;">     Primer Juzgado Civil de Huancavelica</span></p> <p><span style="color: #330033;">     Corte Superior de Huancavelica</span></p> <p><span style="color: #6666cc;"></p> <p class="large"> <span style="color: #cc0000;">MAYOR INFORMACIÓN GRATUITA</span></p> <p class="large"><span style="color: #cc0000;">DR. WUILMAN CASTRO</span></p> <p class="large"><span style="color: #cc0000;">CELULAR 992422446</span></p> <p class="large"><span style="color: #cc0000;">RPC      989177149</span></p> <p class="large"><span style="color: #cc0000;">RPM     # 964941975</span></p> <p></span></span></strong></p> <p><strong></strong></p> <p><strong></strong></p> </p> <p> </p> BONIFICACIONES PARA EL MAGISTERIO ACTIVO Y CESANTE A TRAVÉS DEL D.U. 105-2001, REINTEGROS DE LA REMUNERACIÓN PERSONAL, DIFERENCIAL Y ESPECIALES http://wicart5000.espacioblog.com/post/2013/08/03/bonificaciones-el-magisterio-activo-y-cesante-trav-s-del 2013-08-03T23:41:11Z WUILMAN LA PRESENTE INFORMACIÓN ES MUY IMPORTANTE PORQUE PERMITIRÁ DESARROLLAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES TENIENDO COMO... <p><span style="color: #cc66cc;"><strong>LA PRESENTE INFORMACIÓN ES MUY IMPORTANTE PORQUE PERMITIRÁ DESARROLLAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES TENIENDO COMO OBJETIVO LOGRAR EL REAJUSTE DE PENSIONES DE LOS DOCENTES CESANTES Y EL PAGO DE REINTEGROS PARA LOS DOCENTES ACTIVOS POR EL PERIODO DE LABORES DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA LEY 24029 LEY DEL PROFESORADO, CON RETROACTIVIDAD AL 1 DE SETIEMBRE DEL 2005.</strong></span></p> <p><span style="color: #cc66cc;"><strong>LA CASACIÓN QUE PUBLICAMOS HA GENERADO UN PRECEDENTE DE CARÁCTER VINCULANTE SOBRE EL CÁLCULO DE LA REMUNERACIÓN PERSONAL, DE LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN, DEL REAJUSTE DE LOS D.U. 090, 073 Y 011, ADEMÁS DE LA BONIFICACIÓN ADICIONAL POR VACACIONES, LAS MISMAS QUE DEBIERON OTORGARSE EN FUNCIÓN DE LA REMUNERACIÓN BÁSICA DISPUESTA POR EL D.U. 105-2001 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2005, QUE FIJÓ EN S/. 50.00 (CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) LA REMUNERACIÓN BÁSICA DESDE EL 1 DE SETIEMBRE DEL 2005.</strong></span></p> <p><span style="color: #cc66cc;"><strong>LO ANTEDICHO, OBLIGA A NUEVO RECÁLCULO DE LA REMUNERACIÓN PERSONAL ESTABLECIDA EN EL ART. 52 DE LA LEY 24029, DE LA BONIFICACIÓN POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN  ESTABLECIDA EN EL ART. 48 DE LA LEY 24029 Y EL CONSIGUIENTE REAJUSTE DE LAS BONIFICACIONES ESPECIALES OTORGADAS POR LOS D.U. 090, 073 Y 011, ADEMÁS, EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ADICIONAL POR COMPENSACIÓN DE VACACIONES ESTABLECIDA EN EL ART. 218 DEL D.S. 019-90-ED REGLAMENTO DE LA LEY 24029, LEY DEL PROFESORADO.´ASIMISMO, DEBE SOLICITARSE EL PAGO DE INTERESES LEGALES GENERADOS Y EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS AL NO HABERSE PAGADO OPORTUNAMENTE DICHAS BONIFICACIONES.</strong></span></p> <p><span style="color: #cc66cc;"><strong>A CONTINUACIÓN ESTE SERVIDOR PUBLICA LA JURISPRUDENCIA VINCULANTE Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA LOS JUSTICIABLES.</strong></span></p> <p> </p> <p align="center"><strong>CASACIÓN N° </strong><strong>6670-2009 CUSCO</strong><strong></p> <p></strong></p> <p><strong>(Publicada: 01-10-2012)</strong></p> <p><strong>     CAS. N</strong>º <strong>6670-2009 CUSCO. </strong>Lima, seis de octubre de dos mil once.- <strong>LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA,</strong> <strong>VISTA: </strong>La causa número seis mil seiscientos setenta guión dos mil nueve, en audiencia pública llevada a cabo el día en la fecha, integrada por los Magistrados Arévalo Vela, Mac Rae Thays, Araujo Sánchez, Morales González y Chaves Zapater; producida la votación conforme a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: <strong>MATERIA DEL RECURSO: </strong>Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas dos del cuaderno de casación por María Nieves Cruz Loaiza de Campana contra la sentencia de vista corriente a fojas ciento setenta y seis, de fecha nueve de julio de dos mil nueve, que confirmando la sentencia apelada de fecha quince de abril de dos mil nueve, obrante a fojas ciento veintisiete, declara infundada la demanda. <strong>CAUSALES DEL RECURSO: </strong>Que, se ha declarado procedente el recurso de casación, mediante resolución de fecha diez de setiembre de dos mil diez, corriente a fojas diecisiete del cuaderno de casación, por la causal de: Infracción normativa del Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 057-86-PCM, Decreto Legislativo Nº 847 y Decreto de Urgencia Nº 105-2001. <strong>CONSIDERANDO: Primero.- Antecedentes:</strong> Que, la pretensión que se demanda es que se declare la nulidad total de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 632-2008-GR CUSCO/PE de 06 de mayo de 2008 y la Resolución ficta que deniega el pedido de reajuste de pensión definitiva y como consecuencia de ello que su pensión de cesantía se reajuste en función de la remuneración básica establecida por el Decreto de Urgencia Nº 105-2001, lo que implica reajustar las bonificaciones personal, diferencial y especiales así como compensación vacacional, con los correspondientes reintegros desde el mes de setiembre de dos mil uno, así como el pago de intereses, señalando que se desempeñó como profesora, correspondiéndole la aplicación de la Ley Nº 24029 su reglamento Decreto Supremo Nº 19-90-ED, entre otras normas invocadas. <strong>Segundo.- </strong>Que la sentencia de primera instancia declaró infundada la demanda, siendo confirmada por la sentencia de Vista, expresando como fundamentos de ésta, que el Decreto Legislativo Nº 847 que congela montos de conceptos remunerativos, está autorizando la posibilidad que mediante un Decreto Supremo se incremente "los montos en dinero de los conceptos señalados" por éste lo que en el presente caso ha sucedido en el monto correspondiente al concepto remunerativo "Remuneración Básica" al darse el Decreto Urgencia Nº 105-2001, incrementando dicho monto, no otro u otros en la suma de cincuenta nuevos soles (S/.50.00 nuevos soles). Es por ello que el Decreto Supremo Nº 196-2001-EF establece en la segunda parte del articulo 4 lo ya dicho "las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones y en general todo otra retribución que se otorgue en función a la remuneración básica, remuneración principal o remuneración total permanente continuarán percibiéndose en los mismos montos, sin reajustarse, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 847". Entonces el Decreto Legislativo anotado ha congelado los montos correspondientes a los conceptos remunerativos establecidos por el Decreto Supremo Nº 057-86-PCM modificados en concordancia con él por el Decreto de Urgencia Nº 105-2001 sólo en cuanto a la Remuneración Básica con efecto en la Remuneración Principal, más no con relación a los otros conceptos remunerativos como son las bonificaciones, entre las que están las reclamadas en este proceso. <strong>Tercero: Análisis de la controversia.-</strong> Que habiéndose declarado procedente el recurso de casación, mediante resolución de fecha diez de setiembre de dos mil diez, por la causal de<strong>: Infracción normativa del Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 057-86-PCM, Decreto Legislativo Nº 847 y Decreto de Urgencia Nº 105-2001</strong>, corresponde emitir pronunciamiento in iudicando, delimitando la controversia, a fin de determinar si ha existido infracción normativa que puede ser conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas por interpretación errónea, aplicación indebida e infracción normativa, en las que incurre la ‘Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. <strong>Cuarto: </strong>Que, es necesario determinar las normas aplicables al caso de autos, considerando que la demandante laboró como profesora, Directora de Centro Educativo, estando comprendida en la Ley del Profesorado, Ley Nº 24029, publicada el 15 de diciembre de 1984, habiendo cesado el 31 de marzo de 1987, siendo pensionista del régimen previsional del Decreto Ley Nº 20530: 1. El artículo 5 del Decreto Supremo Nº 057-86-PCM, con vigencia desde el diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta y seis, establece que: "La Remuneración Básica es la retribución que se otorga al trabajador designado o nombrado. Sirve de base para el cálculo de las bonificaciones y la compensación por tiempo de servicios, con excepción de la Bonificación Familiar" 2. El artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 847, vigente desde el veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y seis, señala que: "Las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones y, en general, toda cualquier otra retribución por cualquier concepto de los trabajadores y pensionistas de los organismos y entidades del Sector Público, excepto gobiernos locales y sus empresas, así como los de la actividad empresarial del Estado, continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero recibidos actualmente." 3. De manera concordante la bonificación personal en el caso de los profesores se encuentra regulada en el tercer párrafo del artículo 52 de la Ley Nº 24029 - Ley del Profesorado- modificada por la Ley Nº 25212, publicada el veinte de mayo de mil novecientos noventa, que dispone: "(...) El profesor percibe una remuneración personal de dos por ciento (2%) de la remuneración básica por cada año de servicios cumplidos". 4. El reglamento de la Ley del Profesorado, Decreto Supremo Nº 019-90-ED, publicado el 29 de julio de 1990, en su artículo 209 señala: "(...) El profesor percibe una remuneración personal de dos por ciento de la remuneración básica, por cada año de servicios cumplidos (...)" 5. El artículo 1 inciso a) del Decreto de Urgencia Nº 105-2001 de 31 de agosto de 2001, fija a partir del 01 de setiembre de 2001, en CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.50.00) la Remuneración Básica de los servidores públicos, entre ellos los profesores que se desempeñen en el área de docencia y Docentes de la Ley Nº 24029 - Ley General del Profesorado y el artículo 4 reajusta el régimen de pensiones de los pensionistas comprendidos en el Decreto Ley Nº 20530 que perciban pensiones menores o iguales a S/.1 250,00; y, 6. El artículo 4 del Decreto Supremo Nº 196-2001-EF del 20 de setiembre de 2001 hace precisiones al artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 105-2001, señalando: "Precisase que la Remuneración Básica fijada en el Decreto de Urgencia Nº 105-2001 reajusta únicamente la Remuneración Principal a la que se refiere el Decreto Supremo Nº 057-86-PCM. Las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones y en general toda otra retribución que se otorgue en función a la remuneración básica, remuneración principal o remuneración total permanente, continuarán percibiéndose en los mismos montos, sin reajustarse, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 847." <strong>Quinto:</strong> Que, como es de verse el Decreto de Urgencia Nº 105-2001, fijó a partir del uno de setiembre de dos mil uno, la remuneración básica en cincuenta nuevos soles (S/. 50.00 Nuevos Soles) para los servidores públicos en él detallados, dentro de los que se encuentran los profesores que se desempeñan en el área de la docencia y Docentes de la Ley Nº 24029 - Ley del Profesorado; con la dación de su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 196-2001-EF, específicamente el artículo 4, mencionado en el numeral 6 del considerando anterior, precisó la aplicación del artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 105, variando lo que este Decreto de Urgencia disponía, que el incremento (los S/.50.00) <strong>reajustaba automáticamente en el mismo monto, la Remuneración Principal </strong>a la que se refiere el Decreto Supremo Nº 057-86-PCM (artículo 4: "La Remuneración Principal es la compensación que percibe el trabajador y que resulta de adicionar la Remuneración Básica y la Remuneración Reunificada"), contrariando el texto expreso de la ley y el principio de jerarquía de las normas que Implica el sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y al resto de las normas jurídicas, a decir de Requena López, Tomás, en El principio de la jerarquía normativa. Madrid: Civitas, 2004, p.133. <strong>Sexto: </strong>Que, el Decreto Supremo Nº 196-2001-EF, es una norma de inferior jerarquía, que a su vez contradice el artículo 5 del Decreto Supremo 057-86-PCM y el artículo 52 de la Ley del Profesorado Nº 24029, modificada por la Ley Nº 25212, normas que disponen que la bonificación personal se computa sobre la remuneración básica, y corresponde que se calcule en el dos por ciento (2%) de la remuneración básica por cada año de servicios cumplidos para el caso de los docentes. <strong>Sétimo: </strong>Que, en cuanto al principio de jerarquía de normas, nuestra propia Constitución Política en el artículo 51 dispone que: "La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.", afirmando los principios de supremacía constitucional. <strong>Octavo:</strong> Que en la jurisprudencia constitucional, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 047-2004-Al/TC de fecha veinticuatro de abril de dos mil seis que en su fundamento 55 señala: <strong>La Constitución contiene un conjunto de normas supremas porque estas irradian y esparcen los principios, valores y contenidos a todas las demás pautas jurídicas restantes. En esa perspectiva el principio de jerarquía deviene en el canon estructurado del ordenamiento estatal.(...) La Constitución es una especie de super ley, de norma normarum, que ocupa el vértice de la pirámide normativa.(...)" el artículo 51 de la Constitución dispone que: "La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.(...)</strong> y en su fundamento 56 precisa que <strong>"El Principio de Jerarquía puede ser comprendido desde dos perspectivas: a) La Jerarquía basada en la cadena de validez de las normas, (...) y b) La Jerarquía basada en la fuerza jurídica distinta de las normas. Establece también que la pirámide jurídica nacional debe ser establecida en base a dos criterios rectores: a) Las categorías y b) Los grados; en las categorías se encuentran: Primera categoría: Las normas constitucionales y las normas con rango constitucional, que tiene como Grados: 1ero. La Constitución, 2do. Leyes de Reforma Constitucional y 3ero. Tratados de Derecho Humanos. Segunda Categoría: Las leyes y las normas con rango de ley, como los tratados, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, el Reglamento del Congreso, las resoluciones legislativas, las ordenanzas regionales, las ordenanzas municipales y las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran la inconstitucionalidad de una ley o norma con rango de ley. Tercera Categoría: los decretos y demás normas con contenido reglamentario. Cuarta Categoría: las resoluciones, que pueden ser ministeriales, de órganos autónomos no descentralizados. Quinta Categoría: Los fallos jurisdiccionales y las normas convencionales".</strong> <strong>Noveno: </strong>Que, en ese contexto, una norma de inferior jerarquía no debe desnaturalizar los alcances de una norma de superior jerarquía, ésta debe ser compatible con la superior, ello al amparo del artículo 138 de la Constitución vigente, concordado con su artículo 51, que consagran los principios de jerarquía normativa y supremacía constitucional, disponiendo que la Constitución prevalece sobre toda norma legal y la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. Conforme ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional en diversas oportunidades, como en el caso del fundamento 8 de la STC Nº 2939-2004-ANTC, de fecha 13 de enero de 2005, que establece: <strong>"(...) el principio de supremacía jurídica y valorativa de la Constitución, recogido en el artículo 51 de la Constitución: [...] La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. Este valor normativo fundamental de la Constitución constituye uno de los pilares fundamentales del Estado social y democrático de derecho, que es la forma de gobierno consagrada en el artículo 43 de la Carta Fundamental, que exige una concepción de la Constitución como norma, la primera entre todas, y la más relevante, que debe ser cumplida acorde con el grado de compromiso constitucional de los ciudadanos y gobernantes, en el sentido de que todos y cada uno de los preceptos constitucionales tienen la condición de norma jurídica, pues resulta difícil encontrar preceptos constitucionales carentes de eficacia jurídica; convirtiéndose cada uno de los mismos en parámetros para apreciar la constitucionalidad de otras normas</strong> (...)"; mientras que en el fundamento 13 de la STC 004-2006-PUTC, de fecha 29 de marzo de 2006, precisa que: "(...) <strong>las atribuciones jurisdiccionales, sea en sede judicial ordinaria, especial o cuasijurisdiccional administrativa, se encuentran vinculadas al principio jurídico de supremacía constitucional señalado en el artículo 51 de la Constitución, en sus dos vertientes: Fuerza normativa positiva, aplicando las normas legales en base a las disposiciones constitucionales; y, fuerza normativa negativa, inaplicando la norma administrativa y/o legal que sea extraña a la Constitución (...)"</strong>. <strong>Décimo: </strong>Que, en ese sentido el artículo 52 de la Ley 24029, modificado por la Ley Nº 25212, y el Decreto de Urgencia Nº 105-2001 prevalecen sobre el Decreto Supremo Nº 196-2001, al ser esta una norma reglamentaria de aquella y así también en razón a que toda norma encuentra su fundamento de validez en otra superior, y así sucesivamente, hasta llegar a la Constitución; tal concepto de validez no sólo alude a la necesidad de que una norma se adecue a otra superior, sino también a su compatibilidad material, lo que no ocurre con el Decreto Supremo referido. <strong>Décimo Primero: </strong>Que, el Decreto Legislativo Nº 847, emitido en el año mil novecientos noventa y seis, conforme señala su parte expositiva, se expidió (...) para un adecuado manejo de la hacienda pública, sea necesario que las escalas remunerativas y reajustes de remuneraciones, bonificaciones, beneficios y pensiones del Sector Público, se aprueben en montos en dinero, sin afectar los ingresos de los trabajadores y pensionistas', esta norma no impide que a futuro se otorguen nuevos incrementos como lo reglamenta el Decreto Supremo Nº 196-2001-EF; siendo que el Decreto de Urgencia 105-2001, es una norma posterior, dictada bajo los alcances del artículo 118 numeral 19) de la Constitución Política del Estado, teniendo fuerza de ley<a href="http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPjurisp/coleccion00000.htm/tomo07617.htm/especialidad25179.htm/materia25959.htm/sub-materia26006.htm/a%C3%B1o26050.htm/sumilla26063.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0" target="_blank">1</a>. <strong>Décimo Segundo: </strong>Que, en consecuencia, en el caso de autos resulta de aplicación el Principio de Jerarquía de las normas respecto a la bonificación personal, por lo que el principio jurisprudencial que establece este Supremo Tribunal es el siguiente: <strong>Para determinar la remuneración personal prevista en el artículo 52 de la Ley Nº 24029 - Ley del Profesorado modificada por la Ley Nº 25212, aplicable a los profesores que se desempeñan en el área de la docencia y los Docentes de la Ley Nº 24029 debe aplicarse en base a la remuneración básica de cincuenta nuevos soles (S/.50.00), determinada en el artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 105-2001 y no con las limitaciones que establece el Decreto Legislativo Nº 847, como lo indica el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 196-2001-EF, que igualmente no resulta aplicable al ser una norma de inferior jerarquía;</strong> razón por la cual las causales denunciadas devienen en fundadas. <strong>Décimo Tercero: </strong>Que, en cuanto a la pretensión relativa al reajuste de la bonificación diferencial y la bonificaciones especiales previstas por el Decreto de Urgencia Nº 090-96, 073-97 y 011-99, atendiendo a que de la boleta de pago del mes de setiembre de 2001 de fojas 04 y del mes de enero de 2007 de fojas 05 se desprende que la demandante viene percibiendo los referidos conceptos sin el reajuste en base a la remuneración básica que establece el Decreto de Urgencia Nº 105-2001; corresponde se efectué el reajuste de las referidas bonificaciones en base a la remuneración básica, siendo ello así, la demanda en este extremo deviene en fundada. <strong>Décimo Cuarto: </strong>Que, respecto a la pretensión de reajuste de la compensación vacacional, corresponde señalar que el artículo 218 del Decreto Supremo 19-90-ED Reglamento de la Ley del Profesorado prescribe: <strong>"El profesor tiene derecho, además, a percibir un beneficio adicional por vacaciones, equivalente a una remuneración básica. Este beneficio es extensivo a los pensionistas magisteriales.</strong> El beneficio adicional considerado en el párrafo anterior se efectiviza en el mes de enero de cada año al personal del Área de la Docencia y a los pensionistas magisteriales, como es de verse le asiste el derecho a percibir este reajuste, al ser una pensionista magisterial, deviniendo por lo tanto fundada su pretensión de reajuste de la compensación vacacional que le corresponderla a la demandante en base a la remuneración básica determinada en el Decreto de Urgencia Nº 105-2001. <strong>Décimo Quinto: Precedente vinculante.-</strong> Que de lo expuesto precedentemente respecto al reajuste de la bonificación personal en base a la remuneración básica determinada en el artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 105-2001 conlleva la determinación del criterio asumido por esta Sala Suprema respecto a dicha bonificación, lo que implica que los fundamentos décimo al décimo segundo constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso administrativa de conformidad con el artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y por tanto constituye precedente judicial vinculante para los órganos jurisdiccionales de la República, debiendo publicarse en el Diario Oficial El Peruano y en la página web del Poder Judicial; <strong>RESOLUCIÓN: </strong>Por estas consideraciones; con lo expuesto por el Dictamen de la señora Fiscal Supremo; Declararon <strong>FUNDADO</strong> el recurso de casación interpuesto por María Nieves Cruz Loaiza de Campana; en consecuencia, <strong>CASARON</strong> la sentencia de vista de fojas ciento setenta y seis, su fecha nueve de julio de dos mil nueve que declara infundada la demanda; y actuando en sede de instancia: <strong>REVOCARON</strong> la sentencia apelada, su fecha quince de abril de dos mil nueve, de fojas ciento veintisiete, que declara Infundada la demanda y <strong>REFORMÁNDOLA</strong> declararon <strong>FUNDADA</strong> la demanda, <strong>ORDENARON</strong> a la entidad demandada cumpla con efectuar el cálculo de la bonificación personal que determina el artículo 52, tercer párrafo de la Ley 24049, modificado por el artículo 1 de la Ley 25212, de acuerdo a la remuneración básica señalada en el Decreto de Urgencia 105-2001, así como la bonificación diferencial y las bonificaciones dispuestas por los Decretos de Urgencia Nº 090-96, 073-97 y 011-99 y la Compensación Vacacional a partir de setiembre de 2001; <strong>ESTABLECIERON</strong> como principios jurisprudenciales los considerandos Décimo al Décimo Segundo de la presente resolución, los mismos que constituyen precedente vinculante en aplicación del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; <strong>ORDENARON</strong> la publicación de la presente resolución en el diario Oficial El Peruano y en la página web del Poder Judicial, conforme a ley; en los seguidos por María Nieves Cruz Loaiza de Campana con la Dirección Regional de Educación del Cusco sobre Acción Contenciosa Administrativa; interviniendo como Ponente, la señora Juez Supremo Araujo Sánchez; y, los devolvieron.- SS. ARÉVALO VELA, MAC RAE THAYS, ARAUJO SÁNCHEZ, MORALES GONZÁLEZ, CHAVES ZAPATER</p> <p> <span style="color: #cc0000;">MAYOR INFORMACIÓN</span></p> <p><span style="color: #cc0000;">DR. WUILMAN CASTRO</span></p> <p><span style="color: #cc0000;">CEL 992 422446</span></p> <p><span style="color: #cc0000;">RPC 989177149</span></p> <p><span style="color: #cc0000;">RPM #964941975</span></p> ACCION DE AMPARO Y RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL http://wicart5000.espacioblog.com/post/2013/06/30/accion-amparo-y-recurso-agravio-constitucional 2013-06-30T04:52:03Z WUILMAN SOBRE EL PROCESO DE LAS ACCIONES DE AMPARO CONTRA LA INCONSTITUCIONAL LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL ESTÁ DEMOSTRADO ... <p class="large"><span style="color: #6633ff;"><strong>SOBRE EL PROCESO DE LAS ACCIONES DE AMPARO CONTRA LA INCONSTITUCIONAL LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL ESTÁ DEMOSTRADO CIENTÍFICAMENTE SU NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, DE ALLÍ QUE QUE LAS SEDES JURISDICCIONALES DE LA PARTE NORTE DEL PAÍS Y SEDES JURISDICCIONALES DE LIMA SUR HAN ADMITIDO A TRÁMITE MILES DE DEMANDAS DE AMPARO, SIENDO QUE EN ESTOS MOMENTOS LOS EMPLAZADOS ( EL PROCURADOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL PROCURADOR PÚBLICO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA) ESTÁN REMITIENDO LOS RECURSOS DE CONTESTACIÓN QUEDANDO LA CAUSA EXPEDITA PARA SENTENCIAR.</strong></span></p> <p class="large"><span style="color: #6633ff;"><strong>COMO VENIMOS SOSTENIENDO, ES IMPORTANTE LA INCORPORACIÓN DE LOS NUEVOS MEDIOS PROBATORIOS QUE ACREDITAN LA NATURALEZA AUTOAPLICATIVA DE LA LEY EN CUESTIÓN ( OF. MÚLTIPLE Nº 008-2013-MINEDU/SG-OGA-UPER DE FECHA 18 DE ENERO DEL 2013 Y OF. MÚLTIPLE Nº 0033-2013-MINEDU/SG-OGA-UPER DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2013) QUE DEMUESTRAN LA IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA DE LA LEY 29944 SIN NECESIDAD DE REGLAMENTACIÓN, SIENDO LA PRUEBA REAL Y MATERIAL LAS BOLETAS DE PAGO CON LA NUEVA RIM EXPEDIDAS DESDE ENERO 2013. TÉNGASE PRESENTE QUE EL REGLAMENTO DE LA LEY EN CUESTIÓN RECIÉN SE EMITIÓ EL 03 DE MAYO DEL 2013 MEDIANTE D.S. Nº 004-2013-ED.</strong></span></p> <p class="large"><span style="color: #6633ff;"><strong>ASIMISMO, ES IMPORTANTE LA INCORPORACIÓN AL EXPEDIENTE DE LAS BOLETAS DE PAGO DE LOS DOCENTES QUE HAN JUDICIALIZADO EL TEMA DE LA BONIFICACIÓN ESPECIAL MENSUAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN QUE OSTENTAN LA REMUNERACIÓN REAL, PARA DEMOSTRAR LA REDUCCIÓN DE LA REMUNERACIÓN REAL, SIENDO QUE MILES DE MAESTROS VIENEN JUDICIALIZANDO EL PAGO DE DICHA BONIFICACIÓN. </strong></span></p> <p class="large"><span style="color: #6633ff;"><strong>HEMOS PUBLICADO UN CUADRO COMPARATIVO DE REMUNERACIONES DEMOSTRANDO QUE EL PISO SALARIAL POR NIVELES DE LA LEY 24029, LEY DEL PROFESORADO, ESTÁ POR ENCIMA DEL PISO SALARIAL QUE OFRECE LA LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL. NO TIENE PUNTO DE COMPARACION.<br /></strong></span></p> <p class="large"><span style="color: #6633ff;"><strong>POR OTRO LADO, RESPECTO A LAS DEMANDAS DE AMPARO QUE HAN SIDO DECLARADAS IMPROCEDENTES CORRESPONDE INTERPONER RECURSO DE APELACIÓN, SIENDO QUE SE HAN PROGRAMADO VISTA DE LA CAUSA Y DONDE SE HAN EXPEDIDO YA RESOLUCIONES DE VISTA POR PARTE DE LAS SALAS CIVILES CONFIRMANDO LAS RESOLUCIONES APELADAS.</strong></span></p> <p class="large"><span style="color: #6633ff;"><strong>EN ESTE CASO, CORRESPONDE INTERPONER INMEDIATAMENTE RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL PARA CONTINUAR CON EL PROCESO, SIENDO QUE EL EXPEDIENTE SERÁ ELEVADO AL MISMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CON EL QUE CONCLUYE LA VIA NACIONAL Y, DE SER EL CASO, TENDRÁ QUE RECURRIRSE A LA INSTANCIA SUPRANACIONAL: LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.</strong></span></p> <p class="large"><span style="color: #6633ff;"><strong>REITERAMOS LA IMPORTANCIA DE INCORPORAR AL EXPEDIENTE LOS MEDIOS PROBATORIOS NECESARIOS PARA SUSTENTAR LOS INFORMES ORALES CORRESPONDIENTES.</strong></span></p> <p class="large"><span style="color: #6633ff;"><strong>A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS, ESTE SERVIDOR PUBLICA UN MODELO DE RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL QUE A LA VEZ PERMITIRÁ UNA SUSTENTACIÓN TÉCNICA ADECUADA.</strong></span></p> <p class="xlarge"><strong>MODELO DE RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL</strong></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> 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class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>EXPEDIENTE Nº: <span style="mso-tab-count: 2;"> </span></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">ESCRITO:</strong></span></p> <p><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> SECRETARIO:</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>SUMILLA:<span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></strong></p> <p><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span></p> <p class="MsoNormal undefined"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">SEÑOR PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA.-</span></strong></p> <p class="MsoNormal undefined" style="margin-left: 177.2pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">PEDRO PEREZ VENTURA</span></strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> en el proceso constitucional de amparo que sigue en contra del <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y OTROS</strong>; a Ud., respetuosamente, digo:</span></p> <p class="MsoNormal undefined"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">I.- PETITORIO</span></span></strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">.</span></p> <p class="MsoNormal undefined"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Interpongo recurso de agravio constitucional en contra del Auto de Vista 534-2013 (Resolución Nº 40) de fecha 20 de Junio de 2013 que CONFIRMA el auto que declara improcedente mi demanda, a fin de que el superior en grado, revocando la recurrida se pronuncie sobre el fondo<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>del presente proceso por haberse configurado la contravención al principio pro actione.</span></p> <p class="MsoNormal undefined"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">II.- ANTECEDENTES</span></span></strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">.</span></p> <p class="MsoNormal undefined"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">1.- Con fecha 11 de enero de 2013, interpuse mi demanda de amparo.</span></p> <p class="MsoNormal undefined"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">2.-Con fecha<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>06 de febrero de 2013 se emite la Resolución 05-2013 que declara improcedente la demanda</span></p> <p class="MsoNormal undefined"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">3.- Con fecha 28 de febrero de 2013, interpuse recurso de apelación en contra de la antes indicada resolución.</span></p> <p class="MsoNormal undefined"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">4.- Con fecha 20 de septiembre de 2010 se emite el Auto de Vista 534-2013 que es materia del presente recurso de agravio constitucional.</span></p> <p class="MsoNormal undefined"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Como se puede verificar, pese al carácter urgente de la acción de amparo, la misma no ha sido admitida a trámite desde febrero de 2013.</span></p> <p class="MsoNormal undefined"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">III.- FUNDAMENTOS DEL PRESENTE RECURSO</span></span></strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst undefined" style="text-indent: -18pt;"><span><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;"> </span></span></span><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;"><span>SOBRE LA NATURALEZA AUTOAPLICATIVA DE LA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL.</span></span></strong></p> <p class="MsoNormal undefined"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Que, en principio, de acuerdo al texto Constitucional contenido en el Art. 200º, numeral 2, el proceso de amparo no procede contra normas legales, sin embargo, conforme lo establece el Art. 3º del Código Procesal Constitucional, modificada por Ley 28946, la procedencia del Proceso de Amparo contra una norma legal (control difuso), está condicionada – además de la incompatibilidad con la Constitución- al carácter autoaplicativo de esta última; es decir, cuando su aplicabilidad, una vez que ha entrado en vigencia, resulta inmediata e incondicionada.</span></p> <p class="MsoNormal undefined"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Que, con relación al carácter autoaplicativo de la norma legal, el Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 5719-2005-PA/TC, ha señalado que la necesidad de reglamentación legislativa le quita a una norma legal, el carácter autoaplicativo de ejecución inmediata, esto es, cuando su operatividad queda supeditada a la posterior reglamentación (acto adicional).</span></p> <p class="MsoNormal undefined"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Que, sobre normas heteroaplicativas y autoaplicativas, el Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 00051-2011-PA/TC, ha señalado que en una primera fase se evalúa si la norma impugnada tiene carácter autoaplicativo por ser una condición de procedibilidad, y, en la segunda fase, examinar si en el caso concreto se lesionan los específicos derechos fundamentales que se invocan.</span></p> <p class="MsoNormal undefined"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Que, respecto a la naturaleza autoaplicativa de la ley en cuestión, es de observarse que ésta fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 24 de noviembre del 2012 entrando en vigencia desde el día siguiente de su publicación.</span></p> <p class="MsoNormal undefined"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Que, con fecha 18 de enero del 2013 el Ministerio de Educación emitió el <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;">Oficio Múltiple N° 008-2013-MINEDU/SG-OGA-UPER</span></strong> indicando la implementación inmediata de la nueva RIM (Remuneración Íntegra Mensual) <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>subrayando <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="text-decoration: underline;">“a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley”</span></em></strong> indicando además, que los docentes de la Ley 24029 y Ley 29062 habían sido ubicados dentro del nuevo sistema de ocho escalas, es decir, se produjo el cambio en el Sistema Único de Planillas (SUP) y el desplazamiento en forma humillante y denigrante a escala inferior para los docentes de la Ley 24029, además de la reducción de beneficios económicos y sociales consagrados en la Ley del Profesorado, <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;">sin necesidad de reglamentación de la ley</span></strong>, como es de observarse en las boletas de pago emitidas desde enero del 2013, <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;">configurándose la prueba real y material de la naturaleza autoaplicativa de la ley en cuestión.</span></strong> </span></p> <p class="MsoNormal undefined"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Que, en el mismo sentido, con fecha 29 de abril del 2013, se emite el<strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;"> Oficio Múltiple N° 0033-2013-MINEDU/SG-OGA-UPER,</span></strong> que implementa el cese de los docentes por límite de edad<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(65 años de edad) de conformidad con el Inciso d) del Art. 53º de la Ley de Reforma Magisterial, Ley 29944, subrayando que la ley en cuestión <em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;">“es una disposición clara y precisa, ésta es operativa desde la entrada en vigencia de la Ley, sin necesidad de su reglamentación, al no requerir dicho acto de procedimientos reglamentarios adicionales”.</span></strong></em></span></p> <p class="MsoNormal undefined"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">De esta forma, el propio MINEDU reconoce y pone en evidencia la naturaleza autoaplicativa de la ley en cuestión, siendo que ésta recién fue reglamentada el 03 de mayo del 2013 aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2013-ED.</span></span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst undefined" style="text-indent: -18pt;"><span><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;"> </span></span></span><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;"><span>SOBRE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES AL TRABAJO Y A LA PROPIEDAD.</span></span></strong></p> <p class="MsoNormal undefined"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Que, siendo evidente la operatividad y eficacia de la ley en cuestión, la aplicación de la misma vulnera derechos constitucionales y laborales consagrados en la Ley 24029 y su modificatoria Ley 25212, Ley del Profesorado, siendo que la mayoría de maestros y el mío propio, hemos sido desplazados en forma <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">ARBITRARIA Y UNILATERAL</strong> de <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">NIVEL SUPERIOR A ESCALA INFERIOR</strong>, por tanto,<strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;"> el agravio se ha producido en forma humillante y denigrante, cambiando mi régimen laboral,</span></strong> <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;">afectando además, directamente en la reducción de mis haberes mensuales cuando se liquida beneficios laborales y bonificaciones económicas especiales</span></strong>, lo que se evidencia en las boletas de pago desde enero 2013, con la nueva RIM.</span></p> <p class="MsoNormal undefined"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Que, de esta forma, <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;">SIN REGLAMENTACIÓN,</span></strong> se ha eliminado y/o recortado los beneficios económicos y sociales, consagrados en la Ley del Profesorado, como son: la bonificación por preparación de clases y evaluación, las bonificaciones especiales que corresponde por los D.U. 090, 073 y 011, la bonificación personal, la asignación familiar, la acumulación de años de estudio a los años de servicios, los tres permisos al año por motivos particulares. Se ha eliminado la asignación económica por cumplimiento de 20 años de servicios y se ha reducido la asignación económica por 30 años de servicios, igualmente, se ha eliminado el subsidio por gastos de sepelio y se ha reducido el subsidio por luto. Se ha eliminado también el índice remunerativo del Quinto (V) Nivel<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>equivalente al que le corresponde a un Vice-Ministro de Estado y el beneficio adicional por vacaciones, equivalente a una remuneración básica.</span></p> <p class="MsoNormal undefined"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Que</span><span>, en el mismo sentido, se ha reducido la remuneración real que corresponde a la Ley del Profesorado. Así tenemos, que para la jornada laboral de 24 horas, el piso salarial establecido para la I Escala de la Ley 29944 (S/. 1,243.50) se encuentra por debajo de la remuneración real que percibe un docente del I Nivel de la Ley 24029, que asciende a S/. 1,719.00 Nuevos Soles (considerando la aplicación de la bonificación especial mensual por preparación de clases equivalente al 30% de la remuneración total y la indexación de los D.U. 090, 073 y 011), <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;">como está acreditado con la boleta de pago de docente de la Ley 24029 que obra en los actuados, siendo que la recurrente se encuentra judicializando dicha bonificación especial</span></strong>. Y si seguimos ascendiendo, el piso salarial establecido para la V Escala de la Ley 29944 (S/. 2,239.00) no tiene punto de comparación con la remuneración real que corresponde a un docente del V Nivel de la Ley 24029, equivalente al índice remunerativo de un Vice Ministro de Estado y que asciende a S/, 9,798.00 Nuevos Soles, suma económica que se encuentra incluso por encima del piso salarial que ofrece la VIII Escala de la Ley 29944 (S/. 3,109.00).</span></p> <p class="MsoNormal undefined"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Que, además, la mayoría de maestros, como el mío propio, con promedio de vida de 50 años de edad y que hemos sido degradados a la I Escala de la Ley 29944 <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;">no tenemos ninguna posibilidad de sobrepasar la IV Escala</span></strong><span style="text-decoration: underline;"> <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">(considerando sólo el tiempo de permanencia por cada escala),</strong> </span>configurándose el peligro de concluir nuestra relación laboral en un corto período de tiempo, sin considerar nuestra condición profesional (años de estudio y servicios), nuestra condición personal (proyecto de vida y carga familiar).</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst undefined" style="margin-left: 0cm; line-height: 115%;"><span>Que, de esta forma, la aplicación de la cuestionada ley contraviene mi derecho al trabajo consagrado en el art. 22º de nuestra Carta Magna, así como Art. 23°<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>de la misma que señala: <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="text-decoration: underline;">“Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”.</span></em></strong></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast undefined" style="margin-left: 0cm; line-height: 115%;"><span> </span></p> <p class="MsoNormal undefined"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Que, asimismo, la aplicación de la cuestionada norma infringe el Principio de Legalidad e Interpretación Favorable al Trabajador consagrado en el Art. 26º de la Constitución Política del Estado,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>en el extremo que prescribe:<strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><em style="mso-bidi-font-style: normal;"> “<span style="text-decoration: underline;">En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”</span></em></strong><em style="mso-bidi-font-style: normal;">, </em>y<span style="color: #333333;"> </span>3. La interpretación de cualquier norma legal debe ser favorable al trabajador en caso de duda insalvable, es decir, el in dubio pro operario; colisionando además, con el Art. 10° en el extremo que señala: <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">“<em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="text-decoration: underline;">E<em><span>l Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social</span></em></span></em></strong> <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="text-decoration: underline;">para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida.</span></em></strong></span></p> <p class="MsoNormal undefined"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Que, la Ley 25212 modificó la Ley 24029 ampliando los derechos del magisterio peruano (incorporando la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, las asignaciones económicas por cumplimiento de años de servicios entre otros); sin embargo, la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial al eliminar y/o recortar derechos del magisterio peruano deviene en retrógrada y anti-histórica por cuanto degrada mi condición profesional y personal.</span><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">POR LO EXPUESTO:</span></strong></p> <p class="MsoNormal undefined"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">A Ud. Pido dar al presente recurso el trámite que le corresponda conforme al Código Procesal Constitucional.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"> </span></p> <p class="MsoNormal undefined"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Lima, 27 de junio de 2013.</span></p> <p class="large"><span style="color: #cc0000;"><strong class="xlarge">MAYOR INFORMACIÓN</strong></span></p> <p class="xlarge"><strong>DR. WUILMAN CASTRO</strong></p> <p class="xlarge"><strong>CEL 992422446</strong></p> <p class="xlarge"><strong>RPC 989177149</strong></p> <p><strong><span class="xlarge">RPM 964941975</span></strong></p> </!--[if></!--[if></!--[if></![endif]--></![endif]--></![endif]-->